El Cermi pide al Gobierno una decisión "contundente" respecto al juego ilegal

Madrid, 5 jun.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha exigido hoy al Gobierno "una decisión política y administrativa contundente" para intervenir, en todo el territorio nacional, las actividades de juego ilegal que utilizan como pantalla social a personas con discapacidad.

El Cermi ha enviado sendas cartas al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, y a la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, a fin de poner término a esta situación en el menor tiempo posible.

Exige la adopción "urgente" de una solución sobre la base de la vigente regulación legal del sector del juego que, entiende, "lo permite sobradamente".

La Confederación pide la intervención de todos los entramados de juego ilegal, la paralización de sus actividades y el desmantelamiento permanente de sus estructuras, "controlando que no vuelvan a aparecer e imponiendo las máximas sanciones que contempla la Ley".

Para el Cermi, se trata de una cuestión que "causa gran inquietud en el movimiento social de la discapacidad", ya que "amenaza su continuidad y estabilidad" y lamenta que, a pesar de las denuncias formuladas por la discapacidad organizada desde hace décadas, los poderes públicos competentes no hayan adoptado decisiones de persecución y cese de estas actividades.

Asimismo, advierte de que todas las estructuras ilegales que actúan en España, bajo el paraguas de juego "falsamente social""no son "en absoluto" entidades de la discapacidad, ya que nunca han sido admitidas ni reconocidas por el conjunto del tercer sector social de la discapacidad.

"No reúnen ninguna de las condiciones de transparencia, respetabilidad y prestigio imprescindibles para pertenecer a este sector y está comprobado que promueven y despliegan actividades de juego sin amparo legal en el que la imagen de la discapacidad es tomada como pretexto al servicio de intereses lucrativos de unos pocos particulares", alega.

El Cermi considera que la adopción "sin más dilaciones" de esta decisión "no puede verse retrasada más por ningún tipo de consideración social acerca de la suerte que pueden correr las personas con discapacidad en caso de dejar de existir esas estructuras ilegales de juego".

En esta línea, asegura que esas personas con discapacidad "en ningún caso se quedarán desamparadas", ya que el movimiento asociativo de la discapacidad se compromete, tal y como lo ha expresado la ONCE y su Fundación, a trabajar con las distintas Administraciones responsables, para buscarles una salida laboral "legal, digna y suficiente".