Madrid.- El Defensor del Pueblo considera "inoportuna" una reforma de la Ley del Menor que rebaje la edad mínima de responsabilidad penal por "hechos aislados", aunque muestra su preocupación por la "inconcreción" de la legislación para casos de menores de 14 años que cometen delitos graves.
Así se desprende del informe de 2009 de la institución que dirige Enrique Múgica, que indica que la vocación de generalidad de las leyes "no debe romperse por hechos aislados, por muy lamentables y condenables que éstos sean", por lo que califica de "inoportuna" la modificación de la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad penal de los menores.
No obstante, en el informe presentado hoy, el Defensor del Pueblo se muestra partidario de abrir un debate en la sociedad española ante la pérdida de valores que se está generando y que lleva a que se produzcan este tipo de hechos y delitos.
Lo que "realmente preocupa" al Defensor del Pueblo, sin embargo, es la inconcreción de las medidas previstas en la legislación en relación con esos menores que cometen hechos delictivos y su aplicación o no por parte de las administraciones competentes.
"Las referencias genéricas y la ausencia de un catálogo de medidas determinadas" en casos de menores de 14 años infractores "está dando lugar a la inactividad de las entidades públicas y a la dejación para asumir las responsabilidades que la ley les impone", señala.
En este sentido, el informe recuerda que efectuó una recomendación al Ministerio de Justicia al que propuso la creación de un grupo de trabajo de expertos que analice la necesidad de abordar una reforma legislativa que dé respuesta a la falta de medidas concretas en estos casos que garanticen la protección tanto de la víctima como del presunto autor del delito.
Por último, en las conclusiones del informe, el Defensor del Pueblo insiste en que, aunque la víctimas de los delitos más graves han de ocupar un lugar prioritario entre las preocupaciones de los responsables públicos, su dolor no debe reorientar reformas de este calado.
"El dolor de quienes sufren esos delitos, ampliamente comentado en algunos casos de mucho impacto mediático, no puede servir para reorientar el espíritu de nuestro sistema democrático de garantías, planteando o incluso aceptando propuestas de reforma que, sin la debida serenidad, pueden modificar esencialmente las características del marco punitivo constitucional", concluye.
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