El Instituto Cervantes denunció ante la AN las obras de su sede en Atenas

  • El Instituto Cervantes ha asegurado hoy en relación al informe del Tribunal de Cuentas de 2012, que señala la falta de autorización para unas obras adicionales en su sede de Atenas, que la actual dirección de la institución denunció los hechos ante la Audiencia Nacional cuando tuvo conocimiento de ello.

Madrid, 12 nov.- El Instituto Cervantes ha asegurado hoy en relación al informe del Tribunal de Cuentas de 2012, que señala la falta de autorización para unas obras adicionales en su sede de Atenas, que la actual dirección de la institución denunció los hechos ante la Audiencia Nacional cuando tuvo conocimiento de ello.

En un comunicado hecho público hoy, el Tribunal de Cuentas ha destacado un "importante número de deficiencias" de gestión detectadas en áreas como la cultural, la docente, la gestión de la tesorería por parte de los centros del Instituto Cervantes o los procedimientos para la autorización de los gastos de viaje en la fiscalización de sus cuentas de 2012.

En respuesta, el Instituto Cervantes ha recalcado en un comunicado esta noche que el pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización y ha emitido "una opinión favorable de las cuentas anuales".

Una de las anomalías que señala el Tribunal de Cuentas sobre la actividad contractual del Instituto Cervantes hace referencia a las obras adicionales realizadas en la sede del centro de Atenas.

En estas obras, el tribunal aprecia la falta de autorización para la realización de obras adicionales y la inexistencia de la modificación presupuestaria necesaria para poder asumir el coste de las obras.

Tampoco le consta al Tribunal, dice el Cervantes, valoración alguna que acreditara el coste de los trabajos ni la certificación de los mismos ni el acta de recepción de las obras.

"La actual dirección del Instituto Cervantes, en cuanto tuvo conocimiento de estos hechos, anteriores a su gestión, interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional, con informes favorables de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía y el auto de apertura de diligencias del Juzgado instructor", señala el comunicado.

Otra de las deficiencias detectadas por el tribunal es que la entidad no cumplió con la obligación de aprobar el inventario al cierre de cada ejercicio y remitirlo a la Dirección General de Patrimonio del Estado.

A este respecto, el Instituto Cervantes señala su compromiso de tener debidamente actualizado este inventario al 31 de diciembre de 2016 y recuerda que gestiona 63 centros y otros 27 establecimientos de distintas categorías en el exterior, además de las sedes de Madrid y Alcalá de Henares.

En referencia a la suscripción de contratos de "Alta Dirección", el Instituto Cervantes dice que el Tribunal de Cuentas reconoce en su informe que "todos los contratos contaban con un informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), en los que se aseguraba que se acomodaban al modelo previsto en una orden ministerial.

El Tribunal de Cuentas señala también que el Instituto no comunicó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la percepción de las dietas por asistencia a las reuniones de su Consejo de Administración.

A este respecto, el Instituto ha recordado que el Consejo está compuesto por "once miembros de los que solamente uno percibe dietas de asistencia, por cuanto los diez restantes son nombrados en consideración al cargo público que desempeñan en diferentes ministerios, por lo que no tienen derecho ni perciben dietas".

El Instituto Cervantes insiste en el comunicado en que el Tribunal de Cuentas ha emitido "una opinión favorable" de las cuentas anuales de 2012 "con salvedades".

Estas se derivan, "entre otros aspectos, de la carencia de un inventario actualizado y la falta de evaluación del deterioro del inmovilizado material e intangible y la aplicación del criterio de caja para el registro de los gastos de determinados centros del exterior".

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