Los chollos algunas veces salen caros y desde la Guardia Civil en más de una ocasión han pedido desconfiar de ofertas cuyo precio están muy por debajo de lo habitual en el mercado. Es el consejo que vuelven a recuperar tras una investigación que ha sacado a la luz más de 70 páginas webs fraudulentas en las que se vendían productos electrónicos y electrodomésticos como televisores, lavadoras y videoconsolas, incluso otros como piscinas portátiles o sofás. Por ahora el número de víctimas asciende ya a 4.000 y el botín de los ciberdelincuentes a 2,5 millones de euros a la espera de que aparezcan nuevos casos.
La operación, bautizada como 'Tokio-Desla' en la que han participado agentes del departamento del Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conjuntamente con los Mossos, ha desmantelado un grupo criminal y detenido a siete de sus integrantes. El gancho, los precios, de dichas webs estaban muy por debajo del precio habitual de mercado, con anuncios y descuentos que iban más allá de las rebajas ofertadas habitualmente. Para dar más rigor a las páginas web, sus creadores efectuaban pagos de considerable importe para posicionarlas en lugares destacados en los buscadores más utilizados.
Fraude con productos electrónicos
Una vez finalizado el proceso de compra por parte de la víctima y realizada la transferencia bancaria, los compradores en ningún caso recibían los productos adquiridos. Este hecho, sumado a la multitud de comentarios y reseñas negativas publicadas en la red sobre estos sitios, obligaba a las mismas a proceder a la reclamación del importe estafado, no consiguiendo ponerse en contacto con los responsables por regla general. En las contadas ocasiones en las que lo lograban, estos se excusaban, entre otras cosas, en el hecho de que los precios tan ventajosos se debían a compras compartidas de distintos proveedores y de grandes lotes de productos, que se irían despachando y entregando en los meses siguientes, no entregando tampoco en ese caso el producto adquirido.
Hasta ahora, las investigaciones sobre estos grupos criminales se orientaban a la identificación de sus miembros, así como al cierre de los sitios web a través de la correspondiente autorización judicial. En este caso, además, como elemento de valor añadido, se centró la investigación en el servidor en el que se alojaban las páginas web, pudiendo localizarlo e intervenirlo físicamente. Esto permitió inhabilitar el acceso a los contenidos de las distintas páginas web objeto de investigación, además de configurar un mensaje con los logotipos de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil en el que se alertaba a los potenciales clientes, de que la web en cuestión había sido intervenida. De este modo se conseguía un efecto disuasorio al ciudadano, impidiendo al mismo tiempo el aumento del número de víctimas, habiéndose contabilizado sólo el primer día posterior a las actuaciones, que 1.000 personas pudieran ser víctimas potenciales de estos hechos.
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