Extrabajadores seguirán crucificados pese a diálogo con Gobierno paraguayo

Asunción, 6 ene.- El Gobierno de Paraguay comunicó hoy que dialogará con los extrabajadores paraguayos de la represa de Itaipú, compartida con Brasil, cuatro de los cuales, más la esposa de otro antiguo empleado, se clavaron a una cruz en el centro de Asunción para exigir beneficios laborales retroactivos.

Carlos González, coordinador de los exempleados paraguayos, declaró que la mesa de diálogo, en cuya gestación ha participado la Iglesia católica local, será el 26 de enero y a ella acudirán representantes del Ministerio de Trabajo y de la represa.

Sin embargo, las cinco personas que están "crucificadas" frente a la embajada brasileña continuarán con su protesta hasta el día de la reunión y luego decidirán qué hacer en función de sus resultados, dijo González.

"Esta reunión es un producto de nuestra lucha", declaró a Efe González, tras recibir la notificación del ministerio.

González reconoció también la mediación del presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Claudio Giménez, obispo de Caacupé, ante el Gobierno para establecer una mesa de negociación que dé solución al problema.

El anuncio de la entrevista causó la cancelación de la "crucifixión" de Policarpo Ortigosa, de 62 años, que iba a ser el sexto exobrero de Itaipú en clavarse a una cruz.

Ortigosa, que trabajó durante 11 años en la represa, manifestó a Efe que sigue "dispuesto a morir con los compañeros crucificados".

Ellos son Roque Samudio, de 58 años, Gerardo Orué, de 49, Roberto González, de 61, y Pablo Garcete, de 71 años, todos ellos exempleados de la represa.

Junto a ellos también está clavada a un madero Rosa Cáceres, de 52 años, esposa y madre de extrabajadores.

Los tres primeros cumplirán el próximo viernes un mes desde que fueron "crucificados", un tiempo en el que han permanecido alimentados sólo con suero y zumo.

González aseguró que los "crucificados" se encuentran "bien, con mucha autoestima y comprometidos con su lucha".

La protesta del quinteto busca que miles de extrabajadores paraguayos de la represa cobren los derechos laborales retroactivos que dicen se les adeudan por un convenio suscrito en 1974 por los gobiernos, entonces dictatoriales, de Paraguay y Brasil.