Hrw anima a unasur a condenar la represión a opositores y manifestantes en venezuela

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) debería repudiar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno venezolano contra opositores políticos y manifestantes y exigir la liberación de las personas detenidas arbitrariamente y llevar ante la justicia a los responsables de los “abusos” cometidos en contra de manifestantes, según señaló este jueves Human Rights Watch (HRW).
Unasur inició formalmente su andadura el 11 de marzo de 2011 y cuenta con 12 Estados miembro: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
El pasado 20 de febrero, el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, anunció que los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador viajarían a Venezuela en los próximos días para “abrir canales de diálogo y entendimiento” en el país.
Sin embargo, HRW lamentó que ni Unasur ni sus Estados miembro (salvo Colombia y Chile) han manifestado preocupación sobre la detención de opositores políticos y los abusos generalizados cometidos en contra de manifestantes y transeúntes durante las manifestaciones en Venezuela el año pasado.
“Si Unasur desea propiciar un diálogo genuino, debería en primer lugar exigirle al Gobierno venezolano que deje de encarcelar a las personas con quienes tendría que estar dialogando”, expresó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW.
Además, Vivanco indicó que este organismo regional debería exigir “la liberación inmediata de todos los opositores del gobierno que han sido detenidos arbitrariamente (entre ellos Leopoldo López) y reclamar justicia por los abusos generalizados cometidos contra manifestantes durante el último año”.
“SEÑAL SUMAMENTE PELIGROSA”
HRW lamentó que, un año después de la “brutal represión” a manifestantes pacíficos y transeúntes, “prácticamente no se han rendido cuentas por las decenas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos asesinatos, detenciones arbitrarias, golpizas y torturas”.
Investigaciones de HRW indican que miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes que no estaban armados y transeúntes.
Según datos oficiales, hasta noviembre las fiscalías habían recibido 242 denuncias de presuntas violaciones de derechos fundamentales cometidas en el contexto de las manifestaciones, incluidos dos casos de tortura, si bien Human Rights Watch documentó más casos de torturas.
El pasado martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al gobierno de Venezuela a “no criminalizar a los líderes políticos de la oposición y garantizar la participación de todos los sectores en la vida política de Venezuela y los derechos humanos de quienes se identifican con la oposición al gobierno”.
Human Rights Watch recordó que el Tratado Constitutivo de Unasur, de 2008, dispone que “tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de... democracia; participación ciudadana y pluralismo; [y] derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes”.
Subrayó que Unasur y la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos “han guardado silencio” con respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, con lo que sus miembros “se están apartando de sus principios rectores y están enviado la señal sumamente peligrosa de que el Gobierno de Maduro puede continuar encarcelando a opositores y golpeando a manifestantes sin que haya consecuencias”.