Inmigración. El gobierno cifra en cerca de 40.000 los inmigrantes que quieren acceder a ceuta y melilla


El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, manifestó este lunes que alrededor de 40.000 inmigrantes permanecen en Marruecos a la espera de poder entrar en España a través de Ceuta y Melilla y en Mauritania para acceder a Marruecos y desde ese país internarse en las ciudades autónomas.
Fernández Díaz afirmó durante su intervención en el foro ‘La Razón de…’ que las estimaciones que maneja su departamento cifran en cerca de 40.000 el número de inmigrantes que estarían en esa situación, por lo que insistió en que se trata de un hecho que afecta a toda la Unión Europea.
“España”, dijo, “es la frontera de la UE con ese mundo, con ese mundo que está poblado de personas como nosotros, seres humanos como nosotros, que tienen el legítimo derecho a aspirar a una vida feliz. A unas posibilidades de desarrollar un proyecto vital, personal, profesional, familiar que en su país no encuentran”.
Por este motivo, indicó que el control de las fronteras no es suficiente para gestionar los flujos migratorios a través de Ceuta y Melilla y reiteró que la política de inmigración debe acometerse desde un ámbito europeo y desde “el principio irrenunciable de la solidaridad compartida”.
En este sentido, señaló que esta política debe asentarse sobre tres pilares: la prevención en origen, las política de cooperación con los países de origen y tránsito y el control de las fronteras.
El ministro del Interior manifestó que la política de cooperación debe pasar por invertir en los países de origen y tránsito y añadió que esas inversiones no pueden proceder sólo de España, ya que la inmigración afecta a la UE. A este respecto, expuso que en los últimos cinco años España ha destinado unos 600 millones de euros en cooperación en estos países.
Asimismo, apuntó que la inmigración tiene que abordarse desde una política de Estado e hizo suyas unas declaraciones del exministro del Interior socialista José Antonio Alonso en el Parlamento en 2005 en las que reclamaba ese ejercicio de responsabilidad a todos los grupos parlamentarios.

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