Interior recibe más de 10.000 firmas contra los centros de internamiento de extranjeros

Representantes de 12 organizaciones sociales entregaron este miércoles un total de 10.520 firmas en la sede del Ministerio del Interior para rechazar la detención de personas inmigrantes en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) como medida para el control migratorio.
Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo); Asociación Profesional de Abogados de Extranjería, Grupo Inmigración y Derecho Penal (Inmigrapenal), Movimiento contra la Intolerancia, Médicos del Mundo, Mugak SOS Racismo, Pueblos Unidos, Red Acoge, Women’s Link Worldwide y Pro Igual son las organizaciones que han apadrinado esta iniciativa.
Estas entidades consideraron que los CIE son “lugares susceptibles de violaciones de derechos humanos” y recordaron a las autoridades españolas que el nuevo reglamento de funcionamiento de estos centros, actualmente en tramitación, debe garantizar los derechos de las personas internadas, según destacó Amnistía Internacional.
Miembros de estas organizaciones entregaron una carta al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en la que muestran su preocupación por “la detención indiscriminada de muchas personas extranjeras en situación administrativa irregular, sin valorar previamente sus circunstancias particulares y la existencia de otras medidas alternativas posibles, previstas en la Ley Orgánica de Extranjería”.
“Las cifras de internamiento en España son muy altas, unas 50.000 personas han pasado por los CIE en los últimos tres años. Muchas más son expulsadas directamente desde comisaría. Se está privando a migrantes de libertad de forma excesiva y sin las cautelas y garantías previstas en la Ley, lo que vulnera el derecho a la libertad”, aseguró Cristina Manzanedo, portavoz de Pueblos Unidos.
Las ONG indicaron que no existen cifras públicas anuales sobre los CIE, aunque las autoridades españolas aseguran que sólo se interna a personas con antecedentes penales. Sin embargo, un tercio de las personas visitadas el año pasado por Pueblos Unidos en el CIE de Aluche (Madrid) tenían condenas penales.
Según datos oficiales solicitados por Defensor del Pueblo y por el Congreso, casi la mitad de las personas internadas en los CIE no son finalmente expulsadas, por lo que, en muchos casos, la privación de libertad de estas personas era improcedente.
Las 12 organizaciones resaltaron que la detención y el ingreso en un CIE debe ser una medida excepcional, después de una valoración individual de cada caso concreto y una vez que se hayan explorado todas las medidas alternativas, y recalcaron que no debe internarse a personas vulnerables, refugiados, mujeres víctimas de trata de seres humanos, menores o progenitores con menores españoles a su cargo.