Guatemala, 21 may.- Una jueza de Guatemala acusó hoy al exjefe de Estado de facto José Efraín Ríos Montt de delitos de lesa humanidad y genocidio por la masacre de 201 campesinos perpetrada por el ejército en una comunidad del norte del país en 1982 y ordenó su segundo arresto domiciliario.
La jueza Carol Flores, titular del tribunal de alto riesgo, también fijo una fianza de 500.000 quetzales (unos 62.000 dólares), y ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) vigilar que el acusado "por ningún motivo" abandone su residencia, donde permanecerá bajo "arresto domiciliario".
La letrada accedió a la petición de la Fiscalía guatemalteca de enjuiciar al exgeneral golpista por delitos de lesa humanidad y genocidio perpetrados por las Fuerzas Armadas bajo sus órdenes.
Durante una audiencia celebrada en el Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, el fiscal Julio Leal dijo que Ríos Montt tuvo conocimiento de la matanza cometida el 7 de diciembre de 1982 en el parcelamiento Dos Erres, del municipio de La Libertad, en el norteño departamento de Petén.
Según Leal, Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982 y 1983, autorizó que patrullas militares ingresaran a la comunidad para recuperar 23 fusiles que el ejército había perdido durante un combate con la guerrilla dos meses antes de la masacre.
"El ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil atacaron a la población civil no combatiente a quienes consideraron enemigos internos", refirió el fiscal.
El querellante adherido al proceso abierto por la matanza, Edgar Pérez, se unió a la petición de la Fiscalía y también aseguró que Ríos Montt "estaba enterado de las acciones de la patrulla kaibil (fuerza militar entrenada en contrainsurgencia) en esa comunidad".
De esa cuenta, Leal solicitó al alto tribunal, presidido por Carol Flores, que el exjefe de Estado sea enjuiciado por delitos de asesinato y de lesa humanidad.
El militar retirado, de 86 años, al momento de declarar ante la jueza negó las acusaciones en su contra y aseguró que "nunca" ordenó al Ejército asesinar a ninguna persona.
Por la matanza de los 201 campesinos en Dos Erres fueron condenados a 6.060 años de prisión en agosto de 2011 los exsoldados kaibiles Manuel Pop, Reyes Collin Gualip y Daniel Martínez Hernández, mientras que el exteniente de infantería Carlos Antonio Carias recibió una sentencia de 6.066 años.
En marzo pasado, otro exkaibil, Pedro Pimentel, quien fue extraditado de Estados Unidos en 2011, también fue condenado a 6.060 años de cárcel por su participación en la masacre de Dos Erres.
Este es el segundo proceso que enfrenta Ríos Montt por crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas en contra de la población civil durante el período que gobernó de facto este país centroamericano.
El exjefe de Estado tiene abierto otro proceso judicial en el Juzgado B de Mayor Riesgo por crímenes perpetrados contra una población de la etnia ixil durante los 18 meses que estuvo en el poder.
Junto a Ríos Montt están procesados por este caso los generales retirados Héctor López y José Rodríguez.
La Fiscalía acusa a López de al menos 317 muertes y a Rodríguez de haber diseñado y ejecutado tres planes militares contra insurgentes en los que fueron asesinados 1.771 indígenas.
Los delitos que se les imputan en este proceso a los tres exmilitares son de genocidio y de lesa humanidad.
Por ese caso, Ríos Montt se encuentra con arresto domiciliario desde enero pasado, mientras que López y Rodríguez están recluidos desde 2011 en un centro médico militar por padecer quebrantos de salud.
Otro exgeneral implicado en delitos de genocidio, Óscar Mejía Víctores (1983-1986), quedó en libertad en diciembre pasado luego de que el tribunal lo declaró incapaz de afrontar un juicio debido a un derrame cerebral que sufrió.
Mejía Víctores se había entregado a la justicia en octubre de 2011.
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