Madrid, 29 may.- La jueza María Servini, que instruye en Argentina las denuncias de víctimas españolas de la dictadura franquista (1939-75) interrogó hoy a dos de ellas y planteó la apertura de archivos militares y eclesiásticos en el marco de su investigación.
Dos mujeres nonagenarias contaron hoy a Servini y al juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu las represiones a las que fueron sometidos integrantes de sus familias durante el franquismo.
Faustina Romeral Cervantes, de 90 años, y Teresa Álvarez Alonso, de 93, fueron las primeras víctimas del franquismo que declararon en la Audiencia Nacional, aunque por exhorto dentro del proceso que la jueza argentina lleva en su país en virtud al principio de justicia universal.
Lo hicieron a petición de Servini, que culminó en Madrid un recorrido por varios juzgados de España, en el que interrogó a víctimas que, por su edad, no pueden desplazarse a Argentina a prestar declaración.
Tras comparecer ante los dos jueces y ante el fiscal argentino Ramiro González, Teresa Álvarez Alonso, cuyo padre, abuelo y dos hermanos fueron represaliados, lamentó ante los periodistas que "los culpables" de lo que le sucedió a su familia no podrán ser juzgados "porque han muerto todos", por lo que lo único que espera con este procedimiento "es la reparación".
Para esta víctima del franquismo la máxima satisfacción ahora es contar lo que le ha pasado a ella y a su familia. "Eso me alegra mucho; no tengo memoria, pero eso lo tengo grabado. Estoy muy contenta" subrayó.
A la salida de la Audiencia la jueza argentina se limitó a decir que está satisfecha del interrogatorio.
El abogado argentino que lleva la querella, Carlos Slepoy, explicó a los medios que con esta declaración las víctimas se acercan "cada vez más al momento del fin de la impunidad" en España, un país donde "las víctimas permanecen aún en las cunetas y en las fosas y no hay posibilidad de reparación".
Recordó que la jueza Servini dictó exhortos a la justicia española para abrir una fosa en el cementerio de Guadalajara (centro) y tomar muestras de ADN a Ascensión Mendieta, de 88 años, hija una de las diecisiete personas que estarían allí enterradas.
La petición de apertura de la fosa recayó hace meses sobre un juzgado de Guadalajara y aún tiene que resolverla, y mientras tanto Mendieta depositó hoy dicha prueba en la Audiencia Nacional.
A juicio de Slepoy, la Audiencia Nacional debería encargarse de este asunto, ya que es un tribunal que investiga delitos cometidos en todo el ámbito estatal y los querellantes argentinos pretenden pedir la exhumación de más fosas en otros puntos del país.
Según otro de los abogados argentinos, Máximo Castex, los querellantes pedirán a la jueza Servini que reclame a la justicia española la exhumación de fosas cuya localización le detallaron víctimas del País Vasco y Andalucía durante su estancia estos días en España.
Después de tomar declaración a las víctimas, Servini se trasladó a visitar el Archivo Histórico Nacional de Madrid.
La jueza dictó un exhorto para pedir la apertura de archivos militares y eclesiásticos como garantes en procesos de justicia y reparación.
La querella en Argentina fue presentada en 2010 por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y abarcan el periodo comprendido entre julio de 1936, cuando se produjo el levantamiento militar, y el 15 de junio de 1977, casi dos años después de la muerte de Francisco Franco.
En el marco de la instrucción Servini pidió a las autoridades españolas la extradición a Argentina por torturas del exinspector de Policía Juan Antonio González Pacheco y del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, pero la Audiencia Nacional rechazó su entrega al considerar que los delitos están prescritos. EFE
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