Sídney (Australia).- El veto de la Justicia australiana al acuerdo con Malasia para intercambiar solicitantes de asilo por refugiados reconocidos por Naciones Unidas puso hoy en entredicho la política del Gobierno de Camberra contra la inmigración ilegal.
Este serio revés para el Ejecutivo de la primera ministra, Julia Gillard, llegó a raíz de que el Tribunal Superior fallara que el acuerdo es ilegal porque este país asiático no es signatario de la Convención sobre el estatuto de los refugiados de la ONU.
Las leyes malasias no aseguran la protección adecuada de los derechos de los inmigrantes y por tanto, invalida la declaración del ministro australiano de Inmigración, Chris Bowen, de que se trata de un país apropiado para procesar sus solicitudes de asilo.
Los jueces de las máxima instancia judicial también consideraron que los menores de edad faltos de la compañía de sus progenitores o tutores legales no pueden ser deportados sin una autorización por escrito del ministro de Inmigración.
El proceso judicial fue iniciado por dos afganos, uno de ellos de 16 años, disconformes con la decisión del Gobierno de enviarlos en un primer grupo a Malasia en virtud del acuerdo firmado el pasado 25 de julio, tras varios meses de negociaciones, con el objetivo de intercambiar en los próximos cuatro años 800 solicitantes de asilo por otras 4.000 personas declaradas refugiadas genuinas.
Con la acogida de este grupo refugiados, el número de visados de tipo humanitario concedidos por Australia se calculó que ascendería a 14.750, el mayor desde 1996, según los datos publicados por la prensa local.
La decisión judicial coloca en un limbo legal con resultado incierto, el futuro de un total de 335 inmigrantes indocumentados entre ellos 57 menores, que llegaron tras la firma del acuerdo con Malasia a las islas Christmas, a unos 2.000 kilómetros de la costa occidental de Australia.
En una primera reacción y visiblemente afectado, el ministro de Inmigración reconoció en declaraciones a la prensa, que se trata de un asunto "profundamente frustrante" y adelantó que el Ejecutivo analizará las posibles alternativas.
En la misma línea se pronunció el ministerio del Interior de Malasia al asegurar que el Gobierno de Kuala Lumpur aguardará hasta tener una información más profunda sobre el fallo para analizar si el acuerdo se puede poner en práctica.
El falló recalca que cualquier paso que el Gobierno de Australia pretenda dar para llevar adelante su plan deberá ser ajustada a las consideraciones del fallo judicial y que una eventual tramitación de las solicitudes de asilo tendrán que hacerse en un país signatario de la convención de la ONU.
En opinión de algunos expertos el Gobierno australiano dispone de otras vías para evitar que su plan fracase.
Según Donald Rothwell, especialista en derecho internacional de la Universidad Nacional Australiana, el Ejecutivo de Gillard, que gobierna en minoría, puede intentar enmendar las leyes de inmigración para solucionar "ciertos aspectos legales señalados por el Tribunal Superior", aunque para esto precisará el apoyo de las diversas fuerzas políticas representadas en el Parlamento.
Este revés ha dañado la imagen del Gobierno laborista de Gillard cuando ya su nivel de aprobación por parte del ciudadano de a pie se sitúa en el mínimo desde que comenzó su gestión y en un momento en el que persigue aprobar un impuesto a las emisiones de gases contaminantes, que ha levantado suma polémica.
El ministro de Inmigración apuntó que el fallo emitido por el Tribunal Superior no solo impide desarrollar el acuerdo con Malasia sino también tiene "potenciales ramificaciones" que afectan a los trámites de las solicitudes de asilo en terceros países como en el caso de Papúa Nueva Guinea, con cuyo Gobierno suscribió un pacto para reabrir un centro de inmigrantes en la isla Manus.
La política de Camberra recuerda a muchos observadores la llamada "Solución Pacífico" del gobierno liberal del ex primer ministro John Howard para procesar a inmigrantes en terceros países, criticada por los laboristas, y que se puso en marcha con la llegada masiva hace exactamente una década de 400 afganos.
Australia actualmente cuenta con varios centros de detención u otro tipo de instalaciones en lugares alejados y en los que los movimientos de los inmigrantes indocumentados son restringidos.
Estas instalaciones son en ocasiones escenario de violentas protestas, principalmente lideradas por jóvenes procedentes de Afganistán, Irak y otros países.
Horas antes del fallo, grupos de detenidos molestos por aparentes restricciones para festejar el final del Ramadán quemaron enseres en un campo gestionado por las autoridades de Inmigración y situado cerca de la ciudad de Darwin, al norte de Australia.
Rocío Otoya
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