Ley para ubicar desaparecidos de la guerra interna, un tema pendiente en Perú

Bajo el eslogan "Reúne, familias que buscan", los afectados piden acelerar la búsqueda de los desaparecidos en los años del terror (1980-2000), porque estiman que a la fiscalía le tomaría casi 50 años hallarlos al ritmo actual de trabajo en las más de 4.000 fosas comunes donde se presume podrían estar enterrados, según los organizadores de la campaña.

"Buscamos que el gobierno promulgue una ley de búsqueda de desaparecidos en Perú, para contar con una institución con personal idóneo y presupuesto para acelerar las exhumaciones", dijo a la AFP Luis Aronés, cabeza de la Comisión Nacional de Víctimas de la Violencia Política, locomotora de esta iniciativa que apoyan la iglesia católica, grupos de derechos humanos y la Cruz Roja Internacional.

Su objetivo es hallar a las víctimas y darles sepultura, para cerrar un largo ciclo de incertidumbre. Muchos de esos deudos que buscan a sus parejas e hijos y demás familiares, claman por justicia desde hace más de tres décadas.

Crear una entidad especializada ayudaría a trabajar a mejor ritmo y a obtener una cifra oficial de desaparecidos, como ha reclamado la ONU, ya que hasta ahora la cantidad de 15.731 es atribuida a la fiscalía en base a una acumulación de datos provenientes de diversas fuentes humanitarias, estiman los especialistas.

"El proyecto pide priorizar los objetivos humanitarios a los judiciales y crear une entidad encargada (para la búsqueda)", dijo a la AFP Rafael Barrantes, responsable del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja en Perú.

"Ese concepto humanitario se centra en el dolor del familiar, no le interesa el motivo de la desaparición, no se centra en la atribución de responsabilidades, sino en la consecuencia: hay un familiar que no sabe el destino que corrió su ser querido", indicó Barrantes.

En la campaña intervienen más de 60.000 familiares de desaparecidos, víctimas de la "guerra popular" de inspiración maoísta que declaró Sendero Luminoso en 1980. El enfrentamiento con las fuerzas armadas dejó más de 69.000 muertos, la mayoría campesinos atrapados como carne de cañón entre ambos bandos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Según la campaña Reúne, existirían 6.462 sitios de entierro clandestinos en el país, con desaparecidos de la guerra.

"Hay un proyecto de ley listo desde fines de 2014, concertado con el ministerio de Justicia, familiares de desaparecidos, la fiscalía y la sociedad civil", pero hasta ahora no se discute, se lamentó Aronés, al poner en evidencia la aparente falta de voluntad política de las autoridades para abordar el tema.

El caso de los desaparecidos en Perú llamó la atención a la ONU que, en junio pasado, envió una misión de trabajo que deploró la falta de una cifra oficial de personas desaparecidas durante la guerra interna y que consideró, además, que las Fuerzas Armadas debían cooperar en la búsqueda de la verdad. El resultado de su visita recién se divulgará en un informe en marzo de 2016.

La presión para que el gobierno de Ollanta Humala aplique un plan para esclarecer la situación de los desaparecidos se inició en 2013 cuando las iglesias católica y la evangélica, junto al Comité Internacional de la Cruz Roja, reclamaron acciones concretas. Las instituciones pidieron entonces un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El informe de la CVR estableció en 2003 que el conflicto dejó 8.558 desaparecidos y más de 4.000 fosas comunes. En la última década la cifra se incrementó de forma gradual conforme aumentaron las denuncias de campesinos, quienes no lo habían hecho antes por temor a represalias.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, admitió este mes que los esfuerzos desde el Ministerio Público son insuficientes para recuperar los restos que yacen en los más de 4.000 sitios de entierro existentes.

"Esto no solo por la cantidad de restos recuperados en más de 12 años de trabajo (aproximadamente 3.000) y entregados (cerca de 1.600), sino por la ausencia de mecanismos eficientes para el recojo de información", señaló Vega.

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