Lleida, 17 oct.- Dos de los cuatro acusados por el accidente de helicóptero ocurrido en Torallola (Lleida) en el año 2002, en el que perdieron la vida ocho personas, han señalado hoy al piloto, uno de los fallecidos, como el único responsable de que el aparato, que no podía transportar viajeros, despegara ese día con pasaje.
"Hicieron un vuelo totalmente prohibido. Nosotros nunca dimos esa autorización y fue el propio piloto el que la tomó", ha declarado Pedro María Sáenz, administrador de la empresa propietaria del helicóptero, Helieuropa Services, en el juicio que ha arrancado hoy, nueve años después de la tragedia, en el juzgado de lo Penal número 1 de Lleida.
El siniestro ocurrió la mañana del 14 de junio de 2002 en el núcleo de Torallola, muy cerca de La Pobla de Segur, cuando el helicóptero, que revisaba la red eléctrica, se precipitó al vacío tras perder el cono de la cola en pleno vuelo.
En el accidente murieron sus ocho ocupantes: el piloto, el copiloto, tres responsables de la conselleria de Industria, entre ellos la entonces delegada del departamento en Lleida, Divina Esteve, y tres técnicos de la compañía eléctrica Fecsa-Endesa, que había contratado los servicios de la aeronave.
Por estas muertes se sientan desde hoy en el banquillo de los acusados cuatro personas: el máximo responsable de la empresa operadora Helieuropa Services, Pedro María Sáenz; el director de Operaciones, Andrés García; el director de Calidad, José Carlos de la Peña, y el técnico de mantenimiento Carlos Mejías.
El primero en declarar ha sido Sáenz, que ha eludido cualquier responsabilidad en este accidente y ha culpado directamente al piloto de haber subido "a su libre albedrío" a seis personas ajenas a la empresa al helicóptero.
El piloto fallecido -"una bellísima persona y un amigo", ha dicho Sáenz- hacía aproximadamente cinco años que trabajaba para Helieuropa Services y era el único que pilotaba el aparato siniestrado, un viejo Augusta Bell 205 que la empresa adquirió por poco más de 3.000 euros en una subasta del Ejército del Aire y que fue completando con componentes de otros helicópteros y que tenía todas las revisiones oportunas, la última quince días antes del accidente.
El empresario ha asegurado que compró todas estas piezas en "proveedores autorizados" de España y Estados Unidos y ha negado categóricamente que algunas de ellas procedieran de museos, subastas o desguaces, como sostiene el Ministerio Fiscal en su acusación.
El imputado ha remarcado que es también el comandante el que tiene la responsabilidad de inmovilizar la aeronave si detecta alguna anomalía en la revisión ocular que se realiza antes de cada vuelo.
"Si hubiera visto algo anormal -ha afirmado- le aseguro que no sale a volar".
En este mismo sentido se ha pronunciado el director de Operaciones, Andrés García, quien ha declarado que "la única persona con potestad para intervenir un vuelo es el comandante" y que nadie tiene responsabilidad directa sobre el piloto, que es en última instancia el que decide volar.
Sáenz ha reconocido que el aparato accidentado voló durante varios años con un certificado de aeronavegabilidad que no le correspondía, ya que en la documentación facilitada por el Ministerio de Fomento se indicaba que la aeronave era un modelo Augusta Bell 205A1, cuando en realidad era un Augusta Bell 205.
"No entendíamos por qué no ponían el nombre correcto, pero pensamos que era un error documental o tipográfico que no tenía la mínima importancia", ha comentado Sáenz.
El fiscal solicita cinco años y nueve meses de prisión para cada uno de los cuatro acusados, a quienes imputa ocho delitos de homicidio por imprudencia profesional y un delito contra los derechos de los trabajadores.
Solicita asimismo una indemnización de 600.000 euros para los familiares de las víctimas y que sean inhabilitados durante seis años para el ejercicio de la profesión.
La vista del juicio sigue con la declaración de los otros dos imputados el director de Calidad, José Carlos de la Peña, y el técnico de mantenimiento Carlos Mejías.
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