Los jueces de la A.Nacional piden a Interior su informe de riesgo individual

Madrid, 6 jul.- Los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han pedido a la Secretaria de Estado de Seguridad que les remita la valoración individualizada que han realizado sobre el riesgo que tiene cada uno, antes de retirar el servicio de escoltas y vehículos policiales de los magistrados.

Así lo han acordado hoy en una reunión extraordinaria de la junta sectorial los seis magistrados de los Juzgados Centrales de Instrucción de este tribunal Santiago Pedraz (decano), Ismael Moreno, Javier Gómez Bermúdez, Fernando Andreu, Pablo Ruz y Eloy Velasco.

Esta reunión se produce después de que el pasado día 25 de junio, el Ministerio del Interior pusiera en marcha el plan de "reordenación" de escoltas y ordenara retirar la casi totalidad de los escoltas que protegen a jueces y fiscales del Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Supremo (TS), Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El acuerdo firmado por los jueces expresa su "más absoluta preocupación, rechazo e indignación" ante la retirada "sorpresiva" de estos servicios, "máxime al no haber recibido comunicación alguna con la debida antelación" para poder adoptar las medidas de seguridad oportunas.

Critican además que a ninguno de los jueces se les "ha puesto de manifiesto" la valoración personalizada que Interior ha hecho sobre el riesgo de cada uno "ni se les ha dado explicación de ningún tipo", lo que hace que se sientan "absolutamente desconsiderados y sin reconocimiento alguno" a su trabajo, que "desarrollan, por cierto, en estrecha relación" con las Fuerzas de Seguridad.

Por ello, la junta ha acordado pedir a la Secretaria de Estado de Seguridad que remita a cada uno "tal valoración individualizada".

Asimismo, señalan que la asignación de escoltas y vehículos policiales tienen por objeto proteger su integridad física y "mitigar cualquier amenaza o perturbación" en su trabajo atendiendo a las peculiaridades y peligrosidad de las materias que investigan, como el terrorismo o la delincuencia organizada.

Para los jueces, este servicio no supone "en modo alguno" un "privilegio", sino una "servidumbre inherente al cargo y funciones derivadas del mismo".

"Y lo que es más importante, con tal medida los Jueces Centrales quedan absolutamente desprotegidos y vulnerables ante cualquier acción de represalia o amenaza por parte de quienes integran, coadyuvan simpatizan o comparten intereses o fines con los integrantes de las citadas modalidades de delincuencia organizada que son objeto de investigación en la Audiencia Nacional", agrega.

El acuerdo también hace referencia a una de las razones alegadas por Interior -"recogida en los medios de comunicación y no trasladada a los jueces directamente afectados"- como es el cese de la actividad de ETA, lo que para los jueces "contradice el contenido de múltiples diligencias" que se están practicando en los juzgados.

En esas investigaciones, recalcan los jueces, los servicios policiales insisten en que "ETA sigue activa y que no es descartable, como ha sucedido en otras ocasiones, que pueda volver a atentar".

"Todos y cada uno de los jueces centrales del orden penal por desgracia son conocidos públicamente", destaca el texto, que añade que unido a la "intolerable publicidad" que Interior ha dado a su decisión, hace que no sólo el "publico en general", sino todos aquellos involucrados en la criminalidad organizada sepan que los magistrados "ya no 'gozan' de protección".