Los sindicatos reclaman el reconocimiento de la autoridad pública docente

Madrid.- Profesorado, padres y patronal han valorado hoy, en general, que el último curso de ESO refuerce la orientación de los alumnos hacia Bachillerato o FP, pero han pedido concreción en otros asuntos, como la petición de los sindicatos de la autoridad pública del docente y el mantenimiento de la jubilación anticipada.

Por el contrario, ciertas organizaciones estudiantiles como SE y CANAE han recelado de lo que puede suponer la exclusión o segregación de los alumnos con más dificultades, mientras que UDE cree que la propuesta de mejora educativa que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presentó ayer a las CCAA y hoy al Consejo Escolar del Estado "no cambia nada" y mantiene "17 sistemas educativos".

Algunas organizaciones también han lamentado que el documento no entre a fondo en la libertad de enseñanza y de elección de centro ni en la materia Educación para la Ciudadanía, aunque reconocen que es un texto "abierto" y un paso hacia un posible pacto por la educación.

Así, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, habitualmente crítico con el Ejecutivo, ha dado un voto de confianza a Gabilondo.

"Es la primera vez que hay voluntad por parte del Gobierno de mejorar la educación, que no puede empeorar más", ha declarado Carbonel a la prensa antes de asistir al pleno del Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo de la enseñanza no universitaria.

El presidente de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Pedro Rascón, ha dicho que Ciudadanía o Religión son temas importantes, "pero no determinantes" para mejorar el rendimiento escolar.

A CEAPA, mayoritaria en la escuela pública, no le parece mal el planteamiento sobre cuarto de ESO, pero ha rechazado que se convierta en un primero de Bachillerato, como propone el PP, y ha pedido prudencia hasta ver la propuesta definitiva.

La organización de centros CECE aplaude en un comunicado el carácter orientador de cuarto de ESO y que haya evaluaciones externas de alumnos, aunque echa en falta que se hable del respeto al ideario de los centros, una financiación suficiente de la enseñanza concertada o la enseñanza en castellano.

Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) elogia el interés por que ningún alumno se quede por el camino y por conferir estabilidad al sistema, pero siente que no se reconozcan las necesidades de la demanda escolar en sí misma, sin vincularla a la programación de la administración educativa, y que el "derecho" al concierto no quede fijado por ley.

El secretario general de FE-CCOO, José Campos, ha advertido de que el modelo del cuarto de ESO es aceptable "siempre que no haya segregaciones ni ninguna fragmentación" entre alumnos.

Se ha manifestado a favor de analizar cómo se está enseñando el castellano en todas las comunidades, ha pedido que todos los centros públicos y concertados tengan iguales derechos y obligaciones y que el reconocimiento de la autoridad del profesor sea también "académico y legal".

La propuesta presentada por Educación defiende que se promueva el reconocimiento de la labor del profesorado "y su autoridad moral y profesional" en el ejercicio de sus competencias.

El líder del sindicato ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha vuelto a reclamar el establecimiento de la "autoridad pública" del docente y ha señalado como "muy importantes" las medidas académicas en el sentido de anticipar un año la salida hacia Bachillerato o FP.

En un comunicado, CSI-F asegura que se han admitido algunas de sus demandas como la necesidad de "itinerarios" en el segundo ciclo de la ESO y la distribución "equitativa" del alumnado, pero también reclama esa autoridad pública del profesorado y el mantenimiento de los cuerpos docentes estatales.

UGT, que coincide en el asunto de la autoridad, pide también el mantenimiento de la jubilación voluntaria anticipada a los 60 años; destaca que cualquier cambio legislativo de educación necesitase dos tercios de apoyo parlamentario y respalda que el Bachillerato pueda estudiarse en un tiempo de "entre 2 ó 3 años".

STES valora que se pretenda fomentar una educación inclusiva, se reconozca la diversidad y la interculturalidad, pero censura que se "consagre" la red de enseñanza privada concertada y advierte contra retribuciones desiguales por el mismo trabajo docente.

La presidenta del Consejo Escolar del Estado, Carmen Maestro, ha destacado la flexibilidad, más oportunidades para los alumnos y el ánimo de consenso como elementos inspiradores del documento.