Los nueve jueces anunciaron, sin más detalles, esta decisión políticamente cargada luego de una reunión a puertas cerradas, con la inmigración convertida en un tema explosivo de la campaña a las elecciones presidenciales de noviembre.
Al tomar el asunto, la Corte abre la posibilidad de que sean desbloqueadas medidas de regularización para entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular, que fueron suspendidas hace un año por un tribunal federal de Texas (sur).
La corte de Texas cuestionó la constitucionalidad de las medidas, alegando que Obama se excedió en sus atribuciones.
La iniciativa de Obama es considerada por sus críticos una 'amnistía' para extranjeros que permanecen ilegalmente en el país, aunque la Casa Blanca insistió en que los decretos fueron una necesidad ante la incapacidad del Congreso de legislar sobre el asunto.
La principal medida incluida en los decretos presidenciales es la que permite a extranjeros cuyos hijos nacieron en Estados Unidos o que ya regularizaron su situación mediante un procedimiento abierto en 2008 tramitar su permanencia en el país y obtener un permiso temporario de trabajo.
En la práctica, la implementación de los decretos literalmente "blinda" a varios millones de personas del riesgo de la deportación, una de las más apremiantes demandas de los entidades de defensa de los inmigrantes.
Brandi Hoffine, funcionaria de la Casa Blanca, saludó la decisión de la Corte Suprema y dijo a la AFP que "al igual que cualquier familia en nuestro país, los inmigrantes (...) quieren trabajar legalmente, pagar impuestos y contribuir a la sociedad de forma abierta y honesta".
Este martes, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien encabezó una alianza con otros 25 estados contra los decretos, señaló en una nota oficial que los límites de la autoridad presidencial "fueron excedidos cuando el presidente unilateralmente buscó garantizar una 'presencia legal' de más de cuatro millones de extranjeros que residen en este país ilegalmente".
Entre los alegatos contra las medidas, Paxton había criticado el costo adicional que tendría para Texas y los otros Estados la emisión de licencias de conducir para los inmigrantes regularizados.
La inmigración se ha convertido en un tema bandera durante la campaña por la nominación del partido Republicano, especialmente del favorito Donald Trump, quien promete construir un muro en la frontera con México.
El anuncio de la Suprema Corte fue inmediatamente aplaudido por legisladores aliados a Obama y por entidades de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, donde se estima que viven unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, principalmente de origen latinoamericano.
Para Todd Schulte, presidente de la influyente organización FWD, los decretos de Obama "están plenamente apoyados en la ley", y por ello la decisión de la Corte Suprema de analizar la situación es un paso "en la dirección correcta".
Por su parte, Eva Millona, codirectora del colectivo de entidades Asociación Nacional por Nuevos Estadounidenses, manifestó que las medidas de Obama "tienen potencial de transformar las vidas de millones de personas, y podría representar miles de millones de dólares en impuestos".
En el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. El líder del bloque del Partido demócrata en el Senado, Harry Reid, afirmó este martes que las medidas firmadas por Obama "se basan en su bien establecida autoridad constitucional, y tengo la seguridad de que la Suprema Corte fallará a favor de implementarlas".
En la visión de Reid, a las familias que ya tienen hijos regularizados "se les debe permitir salir de las sombras y contribuir plenamente al país que aman y consideran su hogar".
Por su parte, el congresista demócrata Luis Gutiérrez apuntó que "la ley, los precedentes legales y la propia gente están del lado del Presidente".
Para Gutiérrez, quienes se oponen a la inmigración desean que las personas que aún están en situación irregular "sigan viviendo en un limbo, viviendo y trabajando aquí pero siempre bajo la amenaza de una deportación inminente".
Presionado por las críticas a la supuesta amnistía, el gobierno autorizó en diciembre pasado la deportación de personas cuya salida del país sea considerada prioritaria, ya sea por la comisión de delitos o por tratarse de extranjeros con antecedentes policiales.
Sin embargo, entidades y testigos denunciaron redadas para detener y expulsar del país a personas -incluyendo familias con niños- que llegaron a Estados Unidos escapando de la violencia en países de América Central.
Congresistas aliados de Obama y la aspirante presidencial Hillary Clinton criticaron ásperamente esas redadas, alegando que esas personas debían ser consideradas refugiados y no inmigrantes económicos.
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