El ministerio de Educación, que dirige Isabel Celaá, avanza a base de polémicas y división hacia la aprobación de la nueva reforma educativa que implica la LOMLOE. La denominada 'Ley Celáa' ha abierto una brecha entre los centros educativos públicos y los concertados y privados, dejando de manifiesto que las sensibilidades respecto a la nueva ley y la concepción de educación entre ambos es diferente: la educación concertada se rebela ante los agravios en su contra que -afirman- se incluyen en el texto legislativo y que amenaza su supervivencia, mientras la pública defiende su labor como "pilar básico de la educación".
El punto clave que ha movilizado a los centros concertados es la supresión de la demanda social como criterio para aumentar sus plazas. De esta manera, se incluye la posibilidad de que las administraciones educativas, a través de comisiones u órganos de garantías de admisión, determinen la admisión de alumnos cuando la demanda de plazas supere la oferta. El objetivo -aseguran desde el ministerio- es velar por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos. Sin embargo, desde la plataforma 'Más Plurales' afirman que esa decisión pone en riesgo su continuidad ante la reducción de plazas que habrá.
Jesús Muñoz de Priego, portavoz de esta plataforma a favor de "una escuela plural y democrática", denuncia que la principal consecuencia será la reducción de los centros concertados. "Supone la pérdida de unidades concertadas con demanda social en beneficio de la pública sin demanda social". Una situación que, según afirma, ya se está dando "en comunidades con gobiernos socialistas o en coalición con Podemos". "La ley pretende dar argumento jurídico a estas actuaciones", añade. En ese sentido, los centros concertados Claretianos destacan la medida que "pone en grave peligro el futuro de varios miles de colegios concertados y amenaza los puestos de trabajo de decenas de miles de educadores".
José Luis Andrés, director del colegio concertado Santa María del Pilar Marianistas, asegura que con la reforma el número de plazas que habrá en cada centro dependerá de la administración, "no tenemos forma de decidir aunque nuestra capacidad sea mayor". Aún así, explica que ante esta situación los tribunales ya les han dado la razón porque va en contra de la "libertad de elección, marcada en la Constitución".
Los centros concertados y privados, englobados en la plataforma 'Más Plurales, valoran la reforma educativa como "desastrosa en todos los aspectos" y, además, señalan que la imposibilidad de elegir centro educativo "limita la libertad de enseñanza y de elección de las familias". Esta limitación afirman es una consecuencia del "intervencionismo del Estado" que repercute sobre "la libertad y la democracia". Una cuestión que, dicen, no solo afecta a centros concertados, "los alumnos de los públicos tampoco van a poder elegir".
Sin embargo, esta denuncia contra la libertad no la comparten desde la educación pública. La Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADI) afirma que la interpretación de la eliminación del término de 'demanda social' es "una cuestión política, de enfoque". Su presidente, Raimundo de los Reyes, defiende la educación concertada como "un complemento necesario y útil, pero la pública debe ser siempre el pilar esencial". En ese sentido, exige garantizar que "la oferta concertada da la misma respuesta que el Estado", a través de la educación pública. Pese a los mismos parámetros que deben cumplir concertada y pública, FEDADI marca distancias: "Los políticos hablan como tres enseñanzas, pero la concertada es privada".
Esta diferenciación no la hace Carmen Pellicer, pedagoga y presidenta de la Fundación Trilema que gestiona varios centros concertados, quien defiende que "la educación concertada es tan pública como la estatal". En ese sentido, señala que la concertada es un modelo de gestión a través del cual "se organiza la sociedad civil para gestionar un bien público". "El Estado debe garantizar la pluralidad", añade
Se eliminan las cuotas a los centros concertados
Por otra parte, la ley también prevé que los centros públicos o privados concertados no podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias. Este cambio, según el portavoz de 'Más Plurales', "solo desvía la atención, nuestra financiación no cambia". Defiende que los centros concertados están "sostenidos con fondos públicos y los servicios educativos básicos son gratuitos".
Sobre esta cuestión el director del colegio Santa María del Pilar Marianistas pone el foco en el concierto educativo, que "no llega a cubrir el coste de la plaza escolar". Para subsistir "contamos con cuotas voluntarias, los padres están de acuerdo, pero si se prohíbe ese voluntarismo, los colegios serían insostenibles". No obstante, afirma que no todos los alumnos cuentan con el mismo nivel económico y algunos centros concertados cuentan con becas, "más allá de las becas estatales". La situación es más complicada actualmente por la crisis que atraviesa el país y por eso insiste en "ajustar el precio del concierto educativo". Aún así, subraya que "el problema es más político que real, en Zaragoza si el colegio está dentro de su zona puede venir".
En relación a la financiación de la educación concertada, Pellicer se muestra de acuerdo con eliminar las cuotas, pero subraya que "siempre que la financiación sea equiparable para todos los alumnos". Afirma que el objetivo de estos centros "no es enriquecerse" y que la dotación de sus alumnos es "dos tercios menor que los de la pública".
La comunidad educativa coincide en la falta de consenso
Más allá de las polémicas por las interpretaciones de la 'ley Celaá', todas las partes de la comunidad educativa coinciden en señalar la falta de consenso en la nueva reforma educativa. "Lejos de lograr el consenso, no ha favorecido ni el diálogo", afirma Muñoz de Priego. En la misma línea se manifestaron los sindicatos de docentes ANPE, CSIF y CCOO. Tras reunirse con Educación, lamentaron que primasen "los intereses políticos frente al interés general y que no se haya tenido en cuenta a los representantes de los docentes en esta nueva reforma educativa".
"Lo que me temo es que no va a dar estabilidad porque no nace con el consenso suficiente", afirma el director de FEDADI. Un pacto de estado por la educación es una de las reivindicaciones del sector para dar estabilidad y "sería un factor de mejora porque los resultados serían más buenos, pero los políticos no terminan de aceptarlo". Una ley consensuada debería prolongarse 20 años, asegura de los Reyes, pero, por el contrario, España, hasta ahora, ha ido encadenando una nueva reforma educativa en cada legislatura. José Luis Andrés también defiende la importancia de un pacto educativo al margen de la situación política de cada momento para asegurar "una educación de calidad", en la línea de la presidenta de la Fundación Trilema, que reivindica "voluntad de pacto" para que la educación deje de ser "un arma política".
En relación a la necesidad de consenso, el informe sobre España del Monitor de la Educación y la Formación de 2020, que este jueves publicó la Comisión Europea para todos los Estados miembro, subrayó que el éxito de las medidas que puedan adoptarse en el ámbito educativo "dependerá en gran medida de que se invierta el tiempo necesario en la construcción de un consenso político y social amplio y duradero". La ley Celaá terminó este viernes su paso por la Comisión de Educación del Congreso, tras votar el dictamen sobre las cerca de 300 enmiendas parciales añadidas al texto que después deberá pasar al Pleno del Congreso. Tras este trámite llegará al Senado y finalmente volverá a la Cámara Baja para ser votado como ley definitivamente.
