"Nosotros llevamos un registro de 69 asesinados hasta la fecha este año. Eso es muy alarmante", dijo el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Fabrizio Hochschild.
"A la misma fecha el año pasado eran 35, eso quiere decir que este año la tendencia está por doblarse y eso es un retroceso muy importante, muy lamentable en términos de protección a líderes sociales, líderes comunitarios", agregó en rueda de prensa.
Entre los 69 activistas asesinados hay 38 reportados por la ONG colombiana Somos Defensores, más los homicidios de "líderes sociales y políticos" contabilizados por la ONU.
Hochschild instó a las autoridades "a usar todas sus capacidades de inteligencia, todas sus capacidades judiciales, para no solamente proteger a esas personas sino ir más allá y asegurar que se pueda judicializar a los responsables".
"Esos líderes, sobre todo en regiones apartadas, merecen mayor protección", dijo.
Hochschild no se refirió a los posibles responsables de estos homicidios en un país azotado por un conflicto armado de más de medio siglo, en el que han participado guerrillas, paramilitares, bandas narcotraficantes y agentes estatales.
Sin embargo, el representante en Bogotá del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Todd Howland, había señalado en marzo pasado a las bandas criminales, surgidas tras la desmovilización de grupos paramilitares hace casi una década, como el principal reto de seguridad del país.
"Están atacando y amenazando a protectores y defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, agentes del Estado y reclamantes en el proceso de restitución de tierras, cuando se oponen a sus intereses políticos, económicos o criminales", dijo entonces Howland.
A la ONU le preocupan especialmente los "líderes de la izquierda a nivel local" de cara a las elecciones regionales de octubre, y los "representantes afrodescendientes de los consejos comunitarios en la región Pacífico" (oeste), una conflictiva zona de narcotráfico.
Los dirigentes afro han sufrido allí "muchas amenazas y en algunos casos homicidios", además de desplazamientos, apuntó Hochschild.
El conflicto armado colombiano ha dejado oficialmente al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.
Desde noviembre de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos dialoga en Cuba con la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), para acabar con la conflagración, aunque sin una tregua bilateral sobre el terreno.
Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, una ONG que trabaja con líderes de restitución de tierras, dijo a la AFP que "quienes se oponen al proceso de paz de manera ilegal agreden a defensores de derechos humanos" antes de la firma de un acuerdo final "porque se tocan intereses profundos como el de la tierra, por ejemplo".
Los activistas padecen además "otro tipo de agresión, que es la demanda y la judicialización permanente", así como campañas de desprestigio, añadió.
Al presentar este miércoles un balance humanitario en Colombia desde el inicio de las pláticas de paz, Hochschild destacó que la guerrilla FARC, surgida en 1964 de una insurrección campesina, "no es el único generador de necesidades humanitarias en el país".
"Desde que iniciaron las conversaciones, por ejemplo, 50% de los desplazamientos masivos fueron ocasionados por actividades bélicas de otros grupos armados, y esta realidad en parte explica por qué, desde que empezó el proceso de paz, cada mes en promedio se han desplazado 17.000 personas" y 2,5 millones sufrieron limitaciones por el conflicto armado, dijo.
Hochschild señaló no obstante que las acciones bélicas de las FARC han disminuido más de la mitad durante los cinco periodos de tregua unilateral que este grupo rebelde ha decretado para favorecer las negociaciones, el más reciente vigente desde el 20 de julio.
Afirmó además que la ONU tiene información de que otros grupos armados pretenden controlar zonas de influencia de las FARC, para apoderarse de los ingresos ilícitos allí generados si esa guerrilla se desmoviliza.
Por su parte, las FARC rechazaron el asesinato, a principios de agosto, del líder comunitario Genaro García, en el Pacífico colombiano, cuya autoría las autoridades desconocen.
"No es política de nuestra organización atentar contra la vida de líderes y dirigentes sociales o políticos", aseguraron los rebeldes en un comunicado publicado en su sitio web respecto a la muerte de García en el municipio de Tumaco (suroeste), donde tienen fuerte presencia.
"Estamos haciendo una investigación rigurosa a nivel interno y externo sobre tan lamentable hecho. Los resultados de la investigación se darán a conocer públicamente", agregó el texto.
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