Plan reforma migratoria destina 4.500 millones dólares a seguridad fronteriza

María Peña

Washington, 15 abr.- El plan bipartidista de reforma migratoria que negoció el "Grupo de los Ocho" del Senado de EEUU propone multas por más de 2.000 dólares para la legalización de indocumentados, destina 4.500 millones de dólares para seguridad fronteriza y prevé la contratación de 3.500 agentes adicionales

Según un documento al que tuvo acceso Efe, el plan, cuya presentación formal estaba prevista para mañana pero fue aplazada previsiblemente al miércoles por las explosiones en Boston (Massachusetts), plantea un plazo de 10 años para la legalización de los 11 millones de indocumentados que se calcula viven en EEUU, aunque no da detalles sobre su eventual ciudadanía.

Se trata de la mayor reforma migratoria en EEUU desde la "amnistía" que promulgó en 1986 el entonces presidente republicano Ronald Reagan y que legalizó a unos 3 millones de extranjeros clandestinos.

Durante las negociaciones, los senadores apoyaban un plazo de tres años para la ciudadanía una vez que los indocumentados se legalizaran pero el documento no lo menciona.

La reforma migratoria, negociada desde enero pasado, prevé un plazo de 10 años para la legalización de los indocumentados; 3.000 millones de dólares para la seguridad fronteriza; 1.500 millones de dólares para colocar muros y vallas en la frontera, y fondos para contratar a 3.500 agentes, además de que estable sanciones contra empresas que contraten a indocumentados.

También autoriza el despliegue de miembros de la Guardia Nacional en la frontera del suroeste para ayudar en las tareas de construcción de muros y puestos de control, vigilancia de la frontera, incluyendo en zonas rurales altamente transitadas, y capacitación técnica.

"Creemos que este plan representa un buen acuerdo bipartidista, con fuertes medidas para la seguridad fronteriza y un amplio programa de legalización. Había mucha preocupación por el aspecto de la seguridad fronteriza y otros puntos, pero al final logramos un proyecto de ley consensuado", dijo a Efe una asesora demócrata del Senado, que pidió el anonimato.

El plan fue elaborado por los senadores demócratas Bob Menéndez, Dick Durbin, Charles Schumer y Michael Bennet, y los republicanos John McCain, Jeff Flake, Lindsey Graham y Marco Rubio. Rubio, aupado por el movimiento "Tea Party", ha tenido gran protagonismo para sumar adeptos entre los más conservadores de su partido al plan.

Según el bosquejo de la medida, los indocumentados que entraron a EEUU antes del 31 de diciembre de 2011 recibirán un permiso temporal, tras el pago de una multa de 500 dólares, y tendrán que esperar diez años para obtener la residencia permanente, y otros tres años para solicitar la ciudadanía.

Para obtener la residencia permanente, los indocumentados tendrán que demostrar una continua presencia física en EEUU desde diciembre de 2011, pagar una multa de mil dólares, estar al día con sus impuestos, y tener conocimiento del inglés e historia cívica.

El programa de legalización excluye a quienes hayan sido condenados por delitos graves o por al menos tres delitos menores; que hayan sido condenados por un delito en el exterior, hayan votado ilegalmente en EEUU, o sean "inadmisibles" por infracciones criminales, de seguridad nacional, salud pública, o de carácter moral.

Tanto los estudiantes indocumentados como los trabajadores del sector agrícola tendrían una vía más expedita, de cinco años, para su legalización.

El "Acta para la Seguridad Fronteriza, la Oportunidad Económica y la Modernización de la Inmigración de 2013" impone un plazo de diez años para la puesta en marcha de un plan de seguridad fronteriza, antes de que los indocumentados puedan legalizarse.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tendrá 3.000 millones de dólares para ese plan, y otros 1.500 millones de dólares para la colocación de muros y vallas en la frontera sur, además de equipos tecnológicos y aviones no tripulados, entre otros recursos.

El DHS tendrá que demostrar que ha logrado una eficacia del 90% en sectores fronterizos "de alto riesgo" en un plazo de cinco años desde la promulgación de la ley. Si no lo logra en ese plazo, se crearía una comisión bipartidista que presentará recomendaciones para cumplir con esa meta.

La iniciativa exige que los empleadores verifiquen el estatus migratorio de sus empleados, elimina dos de las cuatro categorías para visas por vínculos familiares, elimina la "lotería de visas", y aparta un 40 % de visas por vínculos laborales a extranjeros con posgrado o con altas destrezas laborales.

La reforma migratoria es una de las principales prioridades legislativas del presidente Barack Obama, que desde el año pasado ha sostenido reuniones privadas con diversos sectores de la sociedad civil en busca de apoyo a la legislación.