México, 26 jul.- El relator de la CIDH sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, el chileno Felipe González, pidió hoy a México "protección para los defensores de los inmigrantes amenazados por funcionarios y por el crimen organizado".
"Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es doblemente crucial garantizar la seguridad a los defensores de inmigrantes por su precariedad", sostuvo González ante un grupo de legisladores del Senado mexicano.
González propuso además "brindar medidas preventivas de protección, como poner guardaespaldas" para algunos activistas amenazados de muerte.
Ante los parlamentarios, el relator de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó facilitar las visitas y la vigilancia de la sociedad civil de las estaciones migratorias, con el fin de que puedan conocer la situación de los indocumentados allí recluidos.
González, que realiza una gira de trabajo en México que concluye el próximo 2 agosto, se reunirá con autoridades mexicanas, organizaciones civiles y visitará algunos albergues para evaluar la situación de los inmigrantes.
González adelantó que al terminar su visita presentará al Estado mexicano un informe preliminar, que incluirá algunas recomendaciones, entre ellas la de prestar atención a las denuncias de organismos civiles de las violaciones perpetradas por funcionarios públicos.
En su encuentro con organizaciones civiles, el relator recibió informes sobre detenciones, violencia y agresiones sexuales contra las mujeres, así como numerosos casos de extorsiones y trata de personas en los últimos diez años.
Los organismos le informaron que cada año unos 20.000 inmigrantes son secuestrados, lo que supone extorsiones por los rescates por unos 50 millones de dólares al año para el crimen organizado, que opera supuestamente en complicidad de las autoridades.
Ante el relator de la CIDH, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano, Rubén Camarillo, reconoció los graves problemas expuestos y afirmó que los están "trabajando y atendiendo".
El senador aseguró que la recién aprobada Ley de Migración "es un gran paso adelante y hay voluntad del Estado mexicano para hacer las cosas bien" y adelantó que este año se contará con un mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos y de los inmigrantes.
Cada año pasan por el país unos 250.000 inmigrantes, la mayoría centroamericanos, muchos de los cuales son víctimas de autoridades corruptas y del crimen organizado.
Un reporte reciente de una comisión de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) denuncia que entre 2004 y 2009 se registraron 18 agresiones de autoridades contra defensores y desde 2010 a junio pasado sumaron 44 las amenazas.
En tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México reportó 11.333 secuestros de inmigrantes entre abril y septiembre del año pasado.
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