Sacerdote mexicano protesta encadenado por operativos contra migrantes

México, 4 oct.- El sacerdote católico Fray Tomás González, defensor de los derechos de los migrantes, realiza hoy un ayuno encadenado ante una oficina migratoria en protesta por los operativos "violentos" contra los indocumentados centroamericanos.

El religioso, responsable del refugio de migrantes "La 72" del sureño municipio de Tenosique, estado de Tabasco (sureste), inició esta mañana su protesta acompañado por un grupo de activistas y se espera la culmine esta misma noche, dijo a Efe Martha Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).

Con esta medida ante la estación migratoria de Tenosique, añadió, "exigimos el cese de operativos violentos y fuera de la ley".

De acuerdo con la integrante de la organización no gubernamental mexicana, "todos los días llegan al refugio personas golpeadas, arañadas del cuerpo, porque al correr se topan con los alambres de púas de los potreros o se encuentran con pantanos, donde caen" por temor a ser atrapados no sólo por el crimen organizado sino por agentes migratorios que "los amedrentan".

"Desde hace un mes el Instituto Nacional de Migración comenzó operativos de detención de migrantes en Tabasco. Estos operativos violan la Ley de Migración y hacen caso omiso de tratados internacionales firmados por el Estado mexicano", denunció el fraile González en un texto presentado a la prensa.

En el mismo documento reprobó que no haya cesado "el entorno de violencia extrema" contra los migrantes y advirtió que lo que se vive en estos días en Tenosique "es un exceso que posiblemente tenga consecuencias mortales".

México es un país por el que cada año cruzan miles de indocumentados, en su mayoría centroamericanos, que buscan una vida mejor en Estados Unidos.

En los últimos años, el riesgo al que se exponen debido a la acción de los carteles de la droga y a la corrupción de las autoridades aumentó de forma considerable a causa de una mayor presencia del crimen organizado en la ruta, especialmente en los estados del oriente de México.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el flujo de migrantes que pasan por el país es de alrededor de 400.000 al año, de los cuales cerca de 70.000 son detenidos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha documentado cómo los mismos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), así como autoridades municipales y estatales, abusan de los migrantes en su paso por México.

Dichas autoridades en muchas ocasiones tienen vínculos o son complacientes con la delincuencia.

A raíz de la matanza de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, donde 72 inmigrantes fueron asesinados por miembros de Los Zetas porque se negaron a colaborar con ese cartel, aumentó la presión sobre el Gobierno mexicano para mejorar la protección a los indocumentados y combatir con más efectividad a las mafias que lucran con ellos.

Aunque el Gobierno ha puesto en marcha desde fines de 2010 una estrategia de protección a indocumentados, la violencia contra éstos no se ha detenido.

Con todo, unos 200 trabajadores del INM han sido separados de sus puestos, y algunos de ellos ya enfrentan procesos penales por presuntos actos de corrupción.