El juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha imputado a seis cargos de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y a dos trabajadores de un centro de menores y les cita a declarar por ocultar presuntamente los abusos sexuales de Eduardo Ramírez, exmarido de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, a una menor tutelada.
Los seis investigados tendrán que declarar sobre su responsabilidad en la gestión de la denuncia que presentó la menor que se hallaba en ese momento tutelada por la Administración valenciana. El objetivo de estas declaraciones es comprobar si la menor sufrió desprotección por unos hechos por los que el exmarido de Oltra fue ya condenado.
Oltra era en ese momento la consejera responsable de la gestión de los centros tutelados. Según adelantó el diario 'Las Provincias', entre los imputados están la directora territorial de la Consejeria de Igualdad en Valencia, Isabel Serra; y dos trabajadores del colegio Niño Jesús, donde trabajaba Eduardo Ramírez como educador social.
El hombre fue condenado a cinco años de prisión por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana por un delito de abusos sexuales cometidos sobre una menor tutelada de 14 años. El caso se reabrió el pasado mes de diciembre en la Audiencia de Valencia para investigar si hubo ocultamiento de los hechos por otros trabajadores adscritos al centro de internamiento o a la Consejería.
En concreto, el juez estudiará si hubo delitos de abandono y omisión de los deberes de guardia y custodia, a partir del momento en que la menor denunció que estaba siendo objeto de abusos por parte del educador en febrero de 2017. La Audiencia señala que ocultaron los hechos e iniciaron una investigación interna de carácter “parajudicial” con el propósito de “desactivar la denuncia”, hasta que la niña denunció los hechos a al Policía en junio de ese año.
La Fiscalía de Valencia ha pedido que la investigación se suspenda hasta que la sentencia de abusos contra el exmarido de Oltra sea firme. La denuncia en este caso ha sido presentada por el líder del partido ultraconservador España 2000, José Luis Roberto, que ejerce como representante legal en esta causa.
