"Solo quería que se callara el niño, no quería quitarle la vida". Así explicaba Ana Julia Quezada cómo quitó la vida al pequeño Gabriel Cruz el pasado 27 de febrero de 2018 en la finca de Rodalquilar. Ella mantenía que se trató de un homicidio imprudente. Ahora el jurado popular que la juzga ha deliberado que hubo un asesinato con alevosía. Y no ha tenido en cuenta ninguno de los dos atenuantes expuestos por su defensa: ni el arrebato ni la confesión. Considera probado que lo mató tras "lanzarlo contra el suelo o pared" de la habitación del cortijo "de forma intencionada, súbita y repentina" y que lo hizo consciente de su "superioridad" por diferencia de edad y por complexión. Esto se ajusta al relato de la fiscal Elena María Fernández, que pide prisión permanente revisable para ella.
Así lo ha determinado el jurado popular que ha deliberado sobre las pruebas presentadas contra una Ana Julia Quezada que se ha mostrado seria, con la mirada al frente y las manos cruzadas durante la hora que ha durado la lectura del veredicto. En algún momento ha llegado a comentar algo con su defensa, pero en esta ocasión no ha llorado al escuchar como muchas de las cuestiones del objeto del veredicto la señalaban como culpable por unanimidad.
En el transcurso de la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial en la que ha estimado acreditado también que Gabriel, quien "confiaba" en la acusada por ser una persona "íntimamente ligada" a su entorno familiar, "no tuvo posibilidad de defenderse ni de reaccionar", lo que aboca a Quezada a la prisión permanente revisable, tal y como solicita la Fiscalía.
En presencia de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del menor, y en audiencia pública, las siete mujeres y dos hombres que integran el jurado han considerado probado por unanimidad que, de acuerdo con los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) que practicaron la autopsia, "tras el impacto" la acusada "procedió con sus propias manos" a la oclusión de los orificios respiratorios "con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento" por asfixia mecánica por sofocación.
El jurado popular ha descartado que Ana Julia Quezada, tal y como ha mantenido la acusación particular ejercida por los progenitores, aumentase de manera deliberada e inhumana el sufrimiento del niño al darle muerte y rechaza que haya pruebas que respalden que le diera "golpes, dejándolo aturdido" entre 45 y 90 minutos para después "taparle la boca y la nariz hasta llevarle a la muerte".
El jurado también la considera culpable de dos delitos de lesiones psíquicas a Ángel Cruz y Patricia Ramírez por los que la Fiscalía solicita penas individuales de 5 años de cárcel. Quezada, que mantenía una relación sentimental con el padre del menor cuando ocurrieron los hechos, fingió participar activamente en su búsqueda cuando se dio por desaparecido.
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