Suspenden licencia de hidroeléctrica brasileña para proteger a indios

  • La Justicia brasileña suspendió la licencia de la hidroeléctrica situada en el municipio brasileño de Sao Manoel para proteger a los indios de la región, informó hoy el Ministerio Público Federal (MPF).

Sao Paulo, 30 abr.- La Justicia brasileña suspendió la licencia de la hidroeléctrica situada en el municipio brasileño de Sao Manoel para proteger a los indios de la región, informó hoy el Ministerio Público Federal (MPF).

El juez Ilan Presser, del primer tribunal de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso, aceptó de esta forma el pedido realizado por el MPF.

"Es inadmisible la imposición de aceleración de un proceso complejo de licencia, que ignore los impactos socioambientales sobre las comunidades con los pueblos indígenas aislados", señaló la sentencia.

La construcción hidroeléctrica, situada entre los estados de Pará (norte) y Mato Grosso (occidente) y con una capacidad instalada de 700 megavatios, afectará a diferentes comunidades indígenas de la zona, según los Estudios de Impacto Ambiental.

De acuerdo con los estudios, la construcción de una gran hidroeléctrica en la región provocará "escasez irreversible" de recursos naturales "hoy abundantes para la población indígena, así como la proliferación, también irreversible, de enfermedades".

Entre estas, el estudio cita la leishmaniasis, el dengue, la fiebre amarilla y la malaria.

"No se puede admitir, en este momento, la continuidad de la licencia de la UHE Sao Manoel, sobre pena de herir los artículos 216 y 231 de la Constitución, al permitir un etnocidio de la minoría de los indios aislados por la sociedad que les rodea", prosigue la sentencia.

En diciembre, el consorcio Terra Nova, formado por la empresa Energías de Portugal (EDP) y por estatal Furnas, se adjudicó la subasta para llevar a cabo la construcción y operación de la hidroeléctrica.

La inversión total estimada para el proyecto, sin tener en cuenta la inflación y los intereses, será de 2.700 millones de reales (unos 1.156 millones de dólares) hasta 2018, año en el que está previsto que la energía de la hidroeléctrica empiece a ser entregada.

La Empresa de Investigaciones Energéticas (EPE), contratada para el estudio del impacto, alegó que las consecuencias de la hidroeléctrica sobre las comunidades eran "reducidas" debido a la distancia entre ellas.

"El análisis del impacto sobre los pueblos aislados no se puede limitar a la tacaña y matemática verificación de la distancia geográfica en que están localizados los indios aislados y la hidroeléctrica. Hay una posibilidad de impactos directos e indirectos con centenas de kilómetros de distancia", citó el fallo.

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