Universidades públicas incentivan jubilaciones con hasta 300.000 euros

Cristina Lladó

Madrid, 30 abr.- Universidades públicas de toda España hanestablecido programas de jubilación incentivada para sus profesores,que reciben hasta 300.000 euros por un sistema que el Tribunal deCuentas considera de "dudoso encaje legal" y que -de 2007 a 2009-han supuesto un total de 43,6 millones de euros al erario público.

Estos incentivos o "premios a la jubilación" se abonan,frecuentemente, con cargo a partidas presupuestarias destinadas a laacción social de las propias universidades.

Así lo detalla el Informe de Fiscalización sobre lasUniversidades Públicas realizado por el Tribunal de Cuentas, queanaliza detalladamente un proceso de concesión de prejubilacionesque "suscita serias dudas desde la óptica de la legalidad vigente".

El sistema, que comenzó a ponerse en práctica a principios de ladécada pasada en algunas universidades y de forma no coordinada, seha propagado por "una especie de contagio" hasta el punto de que, en2009 eran 33 las universidades que habían puesto en marcha este tipoprograma de "incentivos" para los profesores mayores de 60 años.

Según el Tribunal de Cuentas, en la actualidad son 1.446profesores los que se benefician de un sistema que complementa suprejubilación con cantidades que, por lo general, se calcula comoresultado de la diferencia entre la pensión máxima en vigor y elsueldo que tenía de beneficiado en el momento de su prejubilación.

El Tribunal de Cuentas detalla que, por lo general y paracalcular el montante, se fijan unos porcentajes a percibir de esadiferencia en torno al 95 por ciento, con lo que el "incentivo seaproxima al valor de la pensión máxima, y garantizan que "elpersonal afectado se aseguraría, desde el momento de la jubilaciónhasta los 70 años, unos ingresos equivalentes al doble de dichapensión máxima".

Tras analizar la legislación vigente y las normas que invocan losconsejos de gobierno, el informe concluye que "lo primero que llamala atención es la ausencia de una norma legal con el rangosuficiente que dé cobertura a los procesos de jubilacionesvoluntarias con incentivo".

Prueba de que los órganos de gobierno de las universidades nosaben bien cómo justificar estos incentivos es que, al tomar lasdecisiones, hablan de "premios a la jubilación, e incluso decidenque se abone con cargo a partidas presupuestarias destinadas a laacción social", dice el informe.

Los planes se suelen centrar en personal docente e investigador,aunque algunas universidades -como la Politécnica de Valencia y lasuniversidades de la Comunidad de Madrid- lo han extendido aprofesores contratados y a personal funcionario y laboral, con loque "los problemas de encaje legal se acrecientan".

En cuanto a los requisitos que debe reunir el personal que opte ala jubilación voluntaria incentivada existen dos "modelos básicos":en unos casos se exige tener 60 años y 30 de servicios o 65 y 15 deservicios; en otros se requiere tener 65 años de edad.

En todos los casos, la duración del incentivo, que se cobraanualmente, se extiende hasta que el prejubilado cumple 70 años.

De este modo, "un profesor de universidad con sólo quince años decotización puede acreditar a los 65 años una retribución muy porencima del cien por cien de la pensión", subraya el informe, que loconsidera "algo ciertamente llamativo".

Otro detalle que resulta "difícil de concretar" es la naturalezade estos incentivos, ya que se trata de "una retribución con cargo alos presupuestos de la universidad de la que es beneficiario unapersona jubilada".

Como explicó en 2003 el Consejo de Gobierno de la Universidad deCádiz para justificar estas decisiones, se trataba de establecer unsistema de incentivos "que amortigüen, en la medida de lo posible,la minoración de retribuciones que afectará a su personal a partirde su jubilación".

El Tribunal recuerda que los trabajadores del régimen general dela Seguridad Social que se jubilan anticipadamente ven recortada supensión en un 8 por ciento por cada año que sobre los 65 adelantensu jubilación; un 40 por ciento si se jubilan a los 60 años.

Además, el informe pone de manifiesto que "los procesos hantomado plena vigencia y extensión en vísperas de la crisis económicao en plena eclosión de la misma; cuando la crisis ha comportadoenormes sacrificios para un buen porcentaje de los ciudadanos y, enconcreto, para los funcionarios".

El siguiente cuadro recoge, por universidades, el número depersonas acogidas a los planes de incentivos y el importe satisfechocon cargo a los mismos entre 2007 y 2009.

CCAA Universidad Personas Importe

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ANDALUCÍA

Almería 8 78.147

Cádiz 23 1.155.294

Córdoba 41 3.083.438

Granada 78 2.384.981

Huelva 21 603.557

Jaén 7 ---

Sevilla 108 6.433.058

ARAGÓN

Zaragoza 42 228.046

ASTURIAS

Oviedo 50 290.189

C Y LEÓN

Burgos 4 12.837

CATALUÑA

Aut. Barcelona 58 3.504.318

Barcelona 142 5.714.026

Girona 5 135.000

Lleida 8 72.678

Politécnica 55 1.160.039

Pompeu Fabra 14 496.335

Rovira y Virgili 29 652.270

EXTREMADURA

Extremadura 70 2.230.818

GALICIA

A Coruña 35 959.335

Vigo 29 509.934

MADRID

Alcalá 22 290.008

Autónoma 62 1.386.607

Carlos III 6 69.216

Complutense 192 1.402.712

Rey Juan Carlos 1 ---

PAÍS VASCO

País Vasco 51 3.838.262

C.VALENCIANA

Alicante 36 1.402.125

Jaume I 9 198.282

Pol. Valencia 100 3.070.605

Valencia 140 2.233.444

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TOTAL 1.446 43.595.561

Otras universidades con acuerdos de este tipo que o bien no loshan puesto en práctica o no han informado de ello son las de León,Valladolid y Baleares.