Violencia género. El psoe pide a la defensora del pueblo un informe de los riesgos de las visitas de los maltratadores a sus hijos


La portavoz del PSOE en la comisión parlamentaria de Relaciones con el Defensor del Pueblo, la diputada Ángeles Álvarez, pidió este miércoles a esta institución que elabore un informe específico sobre los efectos que tiene el que los padres acusados de violencia de género puedan visitar a sus hijos menores.
Así se expresó Álvarez al inicio de una reunión que mantuvo con representantes de numerosas asociaciones de mujeres en el Congreso de los Diputados, encuentro que se produce después de que durante el puente de la Constitución tres personas murieran a causa de la violencia machista (dos mujeres y la actual pareja de una de ellas).
La diputada del PSOE aseguró que cuando se realiza la valoración del riesgo de las víctimas para adoptar medidas como una orden de protección o de alejamiento, “los menores no son tenidos nunca en cuenta como factor de riesgo”, cuando en su opinión son utilizados en muchas ocasiones contra las mujeres.
RIESGO DE ASESINATO
Por su parte, Gema Fernández, abogada de Ángeles González en su batalla legal internacional que culminó con una resolución condenatoria al Estado español por no haber protegido adecuadamente a Ángela y a su hija de siete años, que fue asesinada por su padre, advirtió de que España todavía no ha tomado medidas para que esto no pueda repetirse.
Así, recordó que todos los años hay menores que mueren a causa de la violencia de género, aunque puntualizó que la responsabilidad no es de la Ley Integral de la Violencia de Género, “que es bastante buena”, sino del modo en el que se aplica por parte de los jueces.
En este sentido, criticó que pese a la resolución de Naciones Unidas, el Gobierno todavía no ha tomado ninguna decisión para compensar a Ángeles González por el asesinato de su hija durante una de las visitas, e insistió en que no se está trabajando lo suficiente para que un hecho así no se vuelva a dar.
Por último, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, manifestó que la legislación actual es “muy buena”, por lo que “el problema no es de la música, sino de quien interpreta la canción”.

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