La reforma de los delitos de sedición y malversación ha sido uno de los temas que más ha incendiado el debate político durante las últimas semanas. Una controvertida propuesta de ley que previsiblemente verá luz verde este miércoles en el Senado, tal y como adelantó la Mesa de la Cámara Alta este martes tras una reunión que duró poco más de una hora. La polémica ha sobrepasado los asientos del hemiciclo y se ha trasladado a los ciudadanos, quienes, en la misma línea que la oposición, han mostrado su rechazo: el 66% asegura que el cambio del Código Penal es una concesión a los independentistas a cambio de su apoyo a la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), según el último barómetro de Dym para La Información.
Durante su elaboración y debate, el Gobierno defendió que el cambio respondía a una adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y no a las exigencias de los partidos del procés. Pues a la hora de la votación el Congreso de los Diputados, el proyecto de ley ya tenía asegurados los 174 votos que necesitaba para ser aprobado por mayoría simple (más síes que noes). Si bien luego se sumaron los 13 de Esquerra Republicana (ERC). Sin embargo, más de la mitad de los votantes (51,9%) considera que el principal objetivo de modificar ambos delitos es reducir o anular las condenas a figuras políticas concretas.
La impresión mayoritaria (56,8%) es que se ha hecho un uso instrumental de las leyes, debilitando el Estado de Derecho. Un sentimiento que se extiende incluso a más de la mitad de los votantes del PSOE, partido principal en el Gobierno. No obstante, el resto de los españoles son partidarios de dichas reformas y abogan por una normativa menos punitivas, con penas más reducidas. Aunque el 55% piensa que la reforma empeorará la convivencia entre los ciudadanos catalanes, sobre todo entre los votantes de PP, Vox y Cs. Y casi el 60% cree, incluso, que empeorará el entendimiento entre los partidos políticos en lo relativo al movimiento independentista catalán.
Los líderes políticos, cada vez peor valorados
Desde mayo de 2022, absolutamente todos los líderes de los principales partidos políticos han visto cómo ha empeorado su valoración por parte de los ciudadanos. La encuesta de Dym es clara y confirma el poco afán de los votantes hacia sus representantes, pues ninguno de ellos alcanza el aprobado. A la cabeza se sitúa Alberto Núñez Feijóo (PP), con 4,1 puntos sobre 10. En segundo puesto lo ocupa Yolanda Díaz (UP), con 3,9 puntos y en tercera posición se encuentra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez (PSOE), con 3,5%. En las peores posiciones quedan relegados Santiago Abascal e Irene Montero, con 2,5 y 2,4 puntos, respectivamente. Mientras que la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, ni siquiera aparece.
Quien sí que ha irrumpido en el espectro electoral es la figura de Edmundo Bal, que se erige prácticamente a la altura de Inés Arrimadas (3,1), con 2,9 puntos. El pasado 2 de noviembre el número dos de la formación naranja anunció su candidatura para disputar el liderazgo de Ciudadanos. Una maniobra de última hora que aspira a capitalizar el amplio caudal de votos perdidos en las últimas elecciones y que, por el momento, no ha mostrado signos de mejora: el sondeo apenas estima un escaño para los autodenominados "liberales".
En términos generales, el barómetro de diciembre supone un ligero cambio de tendencia respecto a los barómetros de las últimos meses. El bipartidismo recupera gran parte del voto que pierden UP y Vox, con un PP que parece frenar la degradación que venía experimentando desde julio y recupera algunas posiciones frente al PSOE. Con todo, el "efecto Feijoó", que llego a máximos tras las elecciones andaluzas, se ha diluído notablemente.
En la actual correlación de fuerzas la suma de la derecha alcanzaría la mayoría absoluta de escaños: el PP sacaría entre 128 y 133 escaños (31% de los votos), el PSOE entre 103 y 107 (con el 27% de los votos, 1,3 puntos menos que en los últimos comicios), Vox entre 48 y 52 (con el 15,5%) y UP obtendría como máximo 22 diputados. Por su parte, los independentistas, nacionalistas y restos de grupos pequeños llegarían a ocupar hasta 42 asientos, manteniendo un peso sustancial en la cámara.
Un reposicionamiento de los conservadores alentado por la desaprobación de la actuación del Gobierno por parte de los votantes, cuya valoración se mantiene en el 3,8 en una escala de 0-10. La encuesta analizada por La Información parte de datos recogidos entre el 14 y el 17 de diciembre de 2022, con una muestra de algo más de mil personas.
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