La juez acordó esta diligencia antes de decidir si mantiene viva la investigación sobre la ayuda pública de 53 millones de euros o acuerda su archivo, tal y como han pedido la Abogacía del Estado y la Fiscalía.
La Guardia Civil detiene a una docena de personas, entre ellas la exalcaldesa, y registra diversos departamentos del Ayuntamiento.
Los equipos jurídicos de PP, Vox y Ciudadanos ultiman las demandas que formalizarán ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Los magistrados aún no han valorado si tienen legitimidad para recurrir.
El magistrado del Supremo aclaró al tribunal de Cerdeña que se puede extraditar al expresidente catalán porque la orden de detención nunca fue suspendida, en contra de lo que manifestó la Abogacía del Estado.
El expresidente de la Generalitat defiende que el Tribunal General de la Unión Europea determinó que la vigencia de la euroorden está suspendida. Además pide recuperar la inmunidad para frenar la extradición.
El juez considera que su arresto ayer en el aeropuerto de Alger se realizó de acuerdo con la ley, pero ha decidido dejarle en libertad sin medidas cautelares, con la única imposición de que no abandone Italia.
Polémica sobre si la orden de detención estaba activa o no. El expresidente catalán se encontraba huido de la Justicia española desde el año 2017 y residía en Waterloo.
Apunta a un supuesto delito de administración desleal, de malversación de caudales públicos o de fraude de subvenciones por parte del líder y del gerente de la entidad.
Las acusaciones populares ejercidas por el PP y VOX en la causa que investiga el rescate a la aerolínea han reaccionado al desbloqueo de los 34 millones euros de la ayuda interesando nuevas medidas cautelares.
Ya a finales de 2020, la presidenta de la Comunidad inauguró el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el que Ayuso dio el primer paso del diseño de la Ciudad de la Justicia.
El nuevo Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso parece dispuesto a pasar página y jugárselo todo a la reedición del proyecto, que se ubicará al lado del actual hospital de emergencias, enfermera Isabel Zendal.
El juzgado ha dado un plazo de 20 días al CIS para que presente las actas de trabajo en las que se acuerdan los criterios de elaboración de las encuestas entre los ejercicios 2018 y 2020.
La Fiscalía Superior de Cataluña ha ordenado investigar solo a la junta de gobierno del ICF, puesto que los miembros del Govern ya han sido denunciados en paralelo por Vox ante el Supremo de Cataluña.
"Tengo confianza en que los jueces sabrán ver con claridad los hechos y mi gran esperanza es cierta que reconocerán mi inocencia", ha declarado a la salida del juicio su abogado, Fabio Viglione.
Se tratará de esclarecer si se cometieron delitos de malversación de fondos, blanqueo de dinero, fraude y abuso de poder durante la irregular inversión de unos 350 millones de euros en un edificio de Londres.
Con 45% de la población que solo ha tenido acceso al primer pinchazo, los implicados se podrían enfrentar a una pena de ¡unos 163.000 euros si intentan volver a inmunizarse tras recibir la pauta completa.
Los pesos pesados del organismo, entre los que hay varios secretarios de Estado, afrontan una investigación por malversación, prevaricación y fraude en la gestión de subvenciones públicas.
El informe deja claro la "falta de rigor" en la actuación del centro que preside, que "no es casual ni aleatoria" y que "se aparta de la técnica y el rigor profesional que debería aplicar en una institución pública".
El juez ha sentado en el banquillo a otros cinco acusados. Además, exige una fianza solidaria de 40 millones de euros para hacer frente a las eventuales responsabilidades.
La Audiencia lo condena a 9 meses de cárcel como autor de un delito de usurpación de funciones públicas y a otros dos años y 3 meses de prisión por un delito de cohecho activo.
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La Fundación Zaballos pide al tribunal de garantías que estudie este asunto sobre el que no hay doctrina constitucional. Insta a ordenar al Supremo que investigue la actuación del Ejecutivo durante la pandemia.
El lider del PP afirma que estudian recurrirlo o en el Constitucional o en el TSJ de Cataluña. Confía en que el Ejecutivo también presente un recurso y dice que es "lo mínimo" que tiene que hacer "por responsabilidad".
El consejero de Economía de la Generalitat afirma que los 10 millones de euros para fianzas del Tribunal de Cuentas es para hacer política sin temor al embargo.
Ha precisado que el Gobierno "vela por la legalidad existente" y esto significa que "todas las normas son pasadas por ese filtro de legalidad".
El PP precisa que han presentado nueve recursos por cada indultado sobre la base de que tienen "interés legitimo" en la cuestión. Además, ha añadido que los indultos serán el "finiquito" del Gobierno.
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