Para la candidata de JxCat, la resolución del tribunal belga es una "nueva batalla ganada desde el exilio", y ha preguntado a la justicia española quién más debe decirles que se equivocan.
La candidata de Junts per Catalunya puede evitar un proceso en el TS si este no le abre juicio oral antes de que recoja su acta en Cataluña. Entonces, su caso pasaría al Tribunal Superior de Justicia catalán.
Considera que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación administrativa y malversación".
En esta nueva ristra de perdones destacan los de su antiguo asistente de campaña, George Papadopoulos, y el del abogado Alex van der Zwaan, quienes fueron condenados en 2017 por mentir al FBI.
Presentan ante el Supremo los informes individualizados en los que resaltan la gravedad de las penas y denuncian un uso político de la medida de gracia.
El Alto Tribunal estima que por ahora no hay indicios sólidos contra los miembros del Gobierno por la gestión de la pandemia. Aunque no impedirá investigaciones en otras instancias.
Los magistrados han ordenado el archivo provisional de las actuaciones contra el empresario para las piezas 8 y 9, en las que se investiga la venta de Grabitum.
Juan Antonio Roca y Julián Muñoz siempre habían negado haber recibido dinero a cambio de irregularidades y habían desmentido el perjuicio a las arcas municipales. Ahora se retractan.
El Alto Tribunal considera que el consejero de Desarrollo Económico de la comunidad foral también pudo cometer malversación por la posible concesión irregular de seis préstamos a una empresa.
El caso, abierto en julio de 2016 por prevaricación, malversación y fraude funcionarial, tiene su origen en la pieza separada del caso Gürtel remitida a Valencia por el juez José de la Mata.
El llamado caso Inipro se centra en el presunto desvío de 276.000 euros del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) al PSC a través de una empresa presuntamente afín a este partido, Iniciatives i Programes.
Fue presidente de la comunidad durante dos legislaturas, entre 1987 y 1995, y llegó al Gobierno regional después de estar al frente de la Alcaldía de Santander.
El magistrado José de la Mata propone juzgar al extitular de Justicia durante el gobierno de Esperanza Aguirre y a otras cinco personas por prevaricación y malversación.
El Ministerio de Transición Ecológica tiene que decidir quién paga la factura, si el conjunto de los contribuyentes vía presupuestos o las empresas y hogares en el recibo del gas.
Continúa de esta forma la investigación a la diputada por la entrega a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC.
La Guardia Civil investiga a los arrestados por supuesto desvío de subvenciones públicas a fundaciones afines a CDC y si la supuesta trama obtuvo dinero financiar gastos de Puigdemont en Waterloo.
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía "empezó a sentirse mal de madrugada". A falta de que la autopsia, todo parece indicar que ha sido un infarto.
Quiere saber el destino de lo que donó a la formación siendo senadora y les acusa de hacerle el vacío por ser crítica.
Ha recordado su firme apuesta por la "ejemplaridad" para todos los partidos políticos, a la vez que ha pedido presunción de inocencia para los afectados por la causa.
Sobre las otras cuestiones denunciadas por Calvente, que iban desde malversación a administración desleal, la Fiscalía reseña que algunas de ellas son "rumores, sospechas o suspicacias".
Alza el secreto de sumario de la pieza 'Kitchen' mientras se prepara para imputar a Fernández Díaz, Cospedal y su marido por este operativo.
El juzgado que investigaba los sobrecostes en la construcción del tranvía de Parla no ve prevaricación y malversación de caudales públicos.
El presidente brasileño respondió así a un comunicador que le preguntó por el origen de las transferencias bancarias por 13.500 euros que el antiguo asesor de su hijo Flavio transfirió a la cuenta de su esposa.
La formación independentista podría recaer un delito de malversación por haber destinado fondos públicos a sufragar gastos relacionados con el referéndum a través de ingresos que recibía su grupo.
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