AMPL Díaz Tezanos destaca que MARE ya ha puesto fin a las "malas prácticas" de los gestores del PP

La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado que la empresa pública MARE ya ha incorporado a su gestión diaria las 27 recomendaciones de la auditoría realizada por la Intervención General sobre el área de contratación en los años 2013 y 2014, que según ha dicho, recogía múltiples irregularidades, deficiencias muy serias y malas prácticas totalmente rechazables" que "ponen en entredicho muy seriamente" la gestión de los responsables del PP en la anterior legislatura.

Díaz Tezanos ha comparecido este viernes en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, a petición del grupo Podemos, para informar de esta auditoría realizada en 2015 y que el Gobierno PRC-PSOE ha trasladado a los servicios jurídicos de la administración regional para que determinen la calificación que corresponde.

La vicepresidenta ha explicado que MARE ha elaborado un procedimiento general de contratación que incorpora 23 de las 27 recomendaciones, y que ha sido aprobado este jueves por el consejo de administración de la empresa público y será elevado al Consejo de Gobierno como modelo inspirador para el resto de empresas públicas.

Ha señalado que se han cumplido ya las 27 recomendaciones, entre las que ha destacado la creación de una mesa de contratación que asegure la "transparencia y objetividad" en los procesos de licitación, y que la actual dirección de MARE puso en marcha en marzo de 2016, es decir, antes de conocerse las conclusiones de la auditoria, según ha precisado.

La vicepresidenta ha añadido que la auditoría certifica que en Mare había un "claro fraccionamiento de contratos", adjudicación directa de contratos por procedimiento de urgencia, bajas temerarias, la apertura de ofertas no era pública, se modificaban contratos y se daban prórrogas después de adjudicados sin autorización del órgano competente, y no se garantizaba ni la publicidad ni la libre concurrencia.

Durante la comparecencia, los tres grupos de la oposición han recriminado a la vicepresidenta que "aireara a la prensa" el año pasado el informe provisional de la auditoría, lo que para Podemos "no es éticamente correcto", para Ciudadanos es "una actitud bastante imprudente" y para el PP es "una mala práctica".

Díaz Tezanos ha replicado que la "transparencia nunca puede ser una mala práctica", y ha destacado que los anteriores gestores de MARE -el entonces presidente del consejo de administración y consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, y el director general de MARE, Antonino Zabala-, "en ningún momento han sufrido indefensión".

"El Gobierno no está para juzgar o sentenciar a nadie", ha dicho la vicepresidenta, quien ha negado "partidismo o revanchismo" en su proceder y ha recalcado que la auditoría no la encargó este Gobierno sino que fue elaborada de oficio por la Intervención General de la Comunidad Autónoma conforme al Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoria Pública y otras actuaciones de control de 2015, por tanto "no tiene ningún matiz político", ha dicho.

Ha añadido que la auditoría de 2015, sin coste porque la hizo la Intervención, es "oficial, objetiva y sobre todo útil" porque ha servicio para regularizar los procedimientos de contratación, al contrario -ha dicho- que la auditoría externa que encargó el PP en 2011, una auditoría "a la carta" que costó 20.000 euros y que no sirvió "para detectar irregularidades sino para hacer un expediente de regulación de empleo y despedir a trabajadores".

La vicepresidenta ha asegurado que el objetivo del Gobierno en MARE es "prestar un servicio de calidad y mantener los puestos de trabajo". "Estamos empeñados en convertir a MARE en un ejemplo de buena gestión y buenas prácticas", ha dicho, para añadir que "estos objetivos los podremos alcanzar controlando el gasto, respetando los cánones normativos en contratación y teniendo claro el respeto a lo público".

Según ha destacado, actualmente la situación económica de MARE ha permitido unos beneficios en 2016 de 3.313.411 euros, "fruto de una buena gestión" y sin incluir los derivados del convenio firmado con el Consorcio de Basuras de Guipúzcoa, que eleva los beneficios por encima de los nueve millones de euros.