El confidencial informe elaborado por Deloittte en el marco del proceso de resolución del Popular tiene una trascendencia limitada pese al vivo interés suscitado, en opinión del presidente del Fondo de Resolución (frob), Jaime Ponce. “Se ha sobredimensionado la importancia”, relató durante su comparecencia en el Congreso donde aclaró que, aún sirviendo de base para las decisiones adoptadas en la entidad, el precio final por el que se adjudicó vino determinado por el talón ofrecido por el Santander.
En su exposición y ante las preguntas de varios diputados admitió la posibilidad de que el interés se alimente por “la oscuridad” con la que se maneja frente a la demanda insistente de miles de accionistas y bonistas que litigan contra el fin dado al Popular, porque han visto volatilizarse casi 4.000 millones de euros de sus inversiones.
En este extremo confirmó que el Frob ha instado a la Junta de Resolución Europea (Jur) su divulgación para contribuir a dar máxima transparencia al proceso sin éxito ante la convicción del organismo europeo de que, con la confidencialidad, salvaguarda intereses de los dos bancos involucrados y contribuye a la estabilidad financiera. Serán los tribunales, deslizó, los que decidirán, en última instancia, si se publica o no porque tienen la potestad de solicitarlo en algún proceso judicial.
“El Frob simpatiza con la transparencia de ese documento porque estamos utilizando facultades públicas de una enorme severidad”, defendió, en alusión a que tuvo que sustraer los derechos políticos y económicos de los accionistas “de una forma extraordinariamente expeditiva”. La ley permite dejar a cero el valor de las acciones y deuda porque establece que los acreedores deben correr con el autorrescate pero supone quitar a los dueños su patrimonio y hasta la capacidad de opinar, un argumento que recogen algunas querellas contra el Frob y la Jur.Pide que lo divulgue a la JUR
En la solución arbitrada en el Popular hay tres informes significativos. El primero lo emitió el Banco Central Europeo (BCE) al determinar la necesidad de iniciar el proceso de resolución ante la inviabilidad de la entidad por su incapacidad para atender los pagos a clientes y reembolsos en ventanilla. El segundo sería el de Deloitte, cuya importancia relativizó, y quedaría pendiente la tasación del valor liquidativo de la entidad, donde se determinará si los acreedores hubiesen sido favorecidos de ir a un proceso concursal.
El Frob, cuyo presidente insistió en que su rol fue de mero ejecutor de las decisiones de la JUR, tiene por mandato garantizar la estabilidad financiera, evitando o minimizando el recurso a ayudas públicas. Bajo esta responsabilidad, Ponce reconoció que el interés del inversor se convierte en un objetivo “secundario” en un proceso de resolución, en la medida que la ley obliga a que los accionistas y resto de acreedores absorban pérdidas con un autorescate para evitar una factura a los contribuyentes.
Durante su exposición defendió que la resolución ha sido positiva porque se protegió la estabilidad del sistema financiero y los depósitos del banco -solo estaban protegidos por el Fondo de Garantía 35.000 de los 60.000 millones que gestionaba en depósitos-, sin comprometer recursos públicos. Aunque evitó un tono triunfalista porque resolver un banco es siempre una situación “muy desafortunada y perjudicial” para los inversores afectados.Depositantes versus inversores
Su balance es favorable igualmente entre la coordinación que mostraron los organismos involucrados y la agilidad con que encarrilaron la situación, en escasas horas, pero abogó por empoderar aún más a las autoridades comunes para avanzar en la Unión Bancaria aunque sus homólogas nacionales queden limitadas a meros brazos ejecutores y demandó una armonización europea de las reglas concursales.
Durante su intervención efectuó igualmente un recuento de las ayudas inyectadas en la banca: 59.060 por parte del Frob, sin incluir las aportadas por la banca a través del Fondo de Garantía. Hasta la fecha solo ha recuperado 5.911 millones por la devolución de algunos créditos, cobro de intereses devengados en dichas operaciones financieras y los ingresos recibidos de Bankia con la venta del 7,5% en 2014 y dividendos.
Ponce rehuyó anticipar cuándo se perderá hasta que se complete la privatización del futuro grupo Bankia-BMN, para el que el Gobierno dispone de tiempo hasta finales de 2019, aunque podría plantear una nueva prórroga aunque hoy no se contemple.
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