La Junta de Castilla y León ha propuesto este viernes a la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) crear un grupo de trabajo para aumentar la cooperación interadministrativa en materia de simplificación administrativa para favorecer la dinamización empresarial.
Esta propuesta ha surgido con motivo de la constitución este viernes de la Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial, copresidida por los consejeros de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.
La Junta ha trasladado a los miembros de esta Comisión la posibilidad de proponer y sugerir cuestiones sobre los nuevos sectores que puedan ser estudiados y avanzar "para que las ventajas de este proyecto de simplificación administrativa también lleguen a los grandes proyectos industriales de la Comunidad".
De Santiago-Juárez y Del Olmo han trasladado a los miembros de la Comisión que este "ambicioso proyecto" será más fuerte con las aportaciones de los representantes de los empresarios y las entidades locales, "especialmente necesarias para profundizar en la colaboración y cooperación entre administraciones y facilitar con ello las iniciativas empresariales".
Este modelo de simplificación administrativa utiliza una metodología basada en mapas de procesos que, en lugar de analizar los procedimientos de forma aislada, los agrupa en itinerarios específicos para cada actividad empresarial. Además, la simplificación se afronta desde la perspectiva del interesado y de sus necesidades, independientemente de cuál sea el órgano directivo responsable de cada trámite.
Las nuevas medidas complementan el trabajo que desarrolla en la actualidad la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización empresarial (ADE), que se ocupa de apoyar el emprendedor desde el origen de la "idea empresarial": análisis de viabilidad, elaboración de los planes de empresa, instrumentos de apoyo, búsqueda de financiación, etc. así como con el trabajo desarrollado por la Lanzadera financiera.
Según han recordado desde el Gobierno regional en una nota de prensa recogida por Europa Press, las nuevas medidas de simplificación administrativa favorecen la implantación de empresas en Castilla y León reduciendo los costes administrativos y los plazos asociados a su puesta en funcionamiento.
A esto han sumado que se facilita la racionalización y eficiencia de la propia Administración autonómica, la promoción de un mayor intercambio de recursos e información y una mayor coordinación interna "y mejoran la coordinación interadministrativa para la puesta en marcha de empresas en la Comunidad".
De este modo, han recordado las mismas fuentes, se desarrolla uno de los compromisos de legislatura del presidente, Juan Vicente Herrera, para impulsar una simplificación administrativa de tercera generación con medidas de reducción de cargas administrativas, de plazos y de mejora de procedimientos "y con especial atención al sector empresarial".
El pasado mes de abril, el Consejo de Gobierno aprobó un Acuerdo por el que se aprobaron estas medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. Cuatro son los programas que vertebran las medidas: teletramitación; simplificación administrativa; acompañamiento; colaboración, apoyo y seguimiento.
A lo largo de 2016, la Junta revisará los diez procesos de creación e instalación de empresas con mayor impacto en Castilla y León y aprobará medidas de simplificación para ellos. En esta primera reunión se han presentado los mapas de procesos correspondientes a los cinco sectores de mayor implantación: servicios de restauración (bares, cafeterías, etc.); industrias agroalimentarias; explotaciones ganaderas; centros sanitarios sin internamiento; aprovechamientos forestales.
Los consejeros han informado de que las modificaciones normativas que permitirán las facilidades para estos sectores ya están en curso: tres leyes, tres nuevos decretos más la modificación de ocho órdenes sectoriales.
Además, se suprimirán tres licencias ambientales que serán sustituidas por una comunicación ambiental, se reduce el régimen de intervención en nueve casos -que se reemplazan por declaraciones responsables-, se mantiene el régimen de autorización para cinco casos pero se reduce el plazo de su concesión como mínimo a la mitad, se eliminan dos registros, se refunden otros dos y se establecen comunicaciones únicas -se harán comunicaciones conjuntas cuando existan trámites simultáneos-.
Del mismo modo, han defendido que colaboración, el apoyo y el seguimiento se fundamenta también en la "inminente" puesta en marcha de un buzón de sugerencias para que ciudadanos y empresarios puedan realizar aportaciones y propuestas de mejora.
En esta reunión, la Junta de Castilla y León ha propuesto cinco sectores más que poder revisar en el segundo semestre y cuyos mapas de procesos serán presentados antes de finalizar el año. Los procedimientos planteados son industrias vinculadas a los viveros forestales; industrias extractivas (canteras, principalmente); talleres de reparación de vehículos; instaladores industriales; y alojamientos turísticos y actividades complementarias.
Este último proceso engloba desde hoteles, casas rurales, e incluso los campings y campamentos (con servicio de restauración, piscina y educación multilingüe), un sector muy simplificado donde la ordenación en un mapa y la visibilización del proceso "puede resultar relevante".
De este modo, con las medidas de simplificación administrativa las autorizaciones actualmente existentes serán sustituidas por declaraciones responsables o comunicaciones previas, "salvo en aquellos casos en los que no sea posible".
Se implantarán también modelos de solicitud única independientemente del centro gestor al que se dirijan con el fin de que el interesado cumplimente "el menor número de instancias posibles" para el ejercicio de la actividad en aquellos casos en los que se requiera la iniciación simultánea de varios trámites ante la Administración Autonómica.
Además, se reducirán o unificarán los registros ahora necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial y se harán públicos siempre que sea posible para evitar solicitar la certificación de inscripción en los mismos requerida en otros procedimientos administrativos.
Por último, antes de diciembre 2016 se unificarán las bases de datos en poder de la Administración autonómica relativas a empresas con el fin de tener toda la información actualizada y evitar solicitar al empresario la documentación contenida en la misma en los diferentes procedimientos.
El acuerdo contempla que en el plazo de un mes a contar desde la aprobación de los correspondientes mapas de procesos, se iniciarán las modificaciones normativas necesarias para el cumplimiento de los mismos.
En la Comisión constituida este viernes participan la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, representantes de cada consejería del Gobierno autonómico, ADE, Itacyl, entidades locales y organizaciones empresariales: José Miguel Isidro, Empresa familiar; Fernando Pérez, Cecale; Fernando Escobillas, Cámaras de Comercio, y Soraya Mayo, asociación de autónomos ATA.
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