La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, más conocida como Ley de Segunda Oportunidad, está destinada a "que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar
indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer", en palabras de la propia norma.
La referida ley permite realmente que personas arruinadas y cargadas de deudas salgan de la economía sumergida y entren de nuevo en el ciclo productivo, lo que hace posible que vuelvan a crear empleo y, por tanto, riqueza para el conjunto de la sociedad.
Con ese punto de partida, la Ley de Segunda Oportunidad comienza a ofrecer sus primeros frutos. Además, y pese a algunos análisis erróneos, la Ley también permite liberarse de una parte sustancial de las deudas con Hacienda o la Seguridad Social, tal y como se refleja en esta primera resolución que exonera expresamente del pago "de los créditos de derecho público existentes a la fecha de conclusión del concurso".
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