Así lo ha explicado en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, donde ha añadido que la Orden para el cierre económico del presupuesto supone un adelanto de un mes con respecto a otros años en las operaciones de cierre, que afectan en particular a transferencias corrientes y de capital (capítulos de gasto 4 y 7) y a inversiones reales (capítulo 6), aunque "con enorme esfuerzo" resulta posible algún tipo de reajuste.
Pilar del Olmo ha justificado la medida también en la necesidad de controlar "hasta el último día la ejecución del presupuesto" para garantizar la prestación de los servicios esenciales al tiempo que se trata de cumplir el objetivo de déficit impuesto para este año. A este respecto, ha señalado que hay gastos como el hospitalario que se ejecuta hasta final de año y el mismo se garantiza también de esta manera.
Así, a partir de la entrada en vigor de la Orden (5 de octubre), no se aceptarán nuevos expedientes de gasto con cargo al presupuesto de 2016, no se podrán tramitar nuevos documentos de retención de crédito con cargo a estos capítulos y se fija el 31 de octubre como fecha límite para remitir a las intervenciones documentos contables para el reconocimiento de obligaciones con cargo al Presupuesto.
Sin embargo, ha aclarado que quedan excluidos de estos plazos adelantados gastos considerados prioritarios y de especial incidencia en determinados colectivos como los de la Política Agrícola Común (PAC) y de servicios básicos, que se van a regir por los plazos ordinarios establecidos en la Orden.
En concreto, ha detallado que estas exclusiones se refieren a las partidas a las que se imputan los gastos de la PAC; de prestaciones básicas de acción social; los de funcionamiento de las universidades y los destinados al sostenimiento de los centros de enseñanza concertados; los gastos de asistencia sanitaria (entre los que destacan los de farmacia); y los gastos de pensiones y prestaciones económicas gestionadas por la Gerencia de Servicios Sociales como la Renta Garantizada de Ciudadanía o las pensiones no contributivas.
Además de la posibilidad de aprobar con carácter excepcional algunos otros expedientes y documentos contables, el adelanto de la fecha máxima en que la Administración puede iniciar gastos no afecta al pago de los compromisos ya asumidos hasta la fecha, dado que actúa sobre las fases iniciales del gasto, de forma que se impide que surjan compromisos o que se realicen prestaciones de los cuales pudieran derivarse dudas para la Administración.
UN MES DE DIFERENCIA
La titular de Economía y Hacienda ha insistido en que el cierre económico del ejercicio, "además de muy limitado en el tipo de gastos afectado", se adelanta "sólo un mes, tras lo que ha aclarado que la Orden no establece la obligación de realizar retenciones de no disponibilidad de créditos.
En este contexto, Pilar del Olmo ha reclamado centrar el discurso y pedir "con una sola voz de Comunidad" la redistribución de déficit "pero con más fuerza una justa redistribución de recursos entre los diferentes niveles de Administración" que garanticen a todos los ciudadanos vivan donde vivan la adecuada prestación de los servicios públicos.
Por tanto, ha incidido en que no se puede posponer por más tiempo la reforma del sistema de financiación autonómica y que ésta deba ser una de las primeras cuestiones que resuelva el futuro Gobierno.
La consejera ha pedido ayuda a los demás grupos parlamentarios para "concienciar" a la sociedad de la importancia del modelo de financiación, dado que otros ciudadanos de otras comunidades autónomas están "más concienciados" que en Castilla y León, donde considera que no lo están "suficientemente".
Por ello, ha reclamado un esfuerzo de pedagogía e intentar llegar a los vecinos para decir lo importante que es el modelo de financiación. "Nos van a ganar muchas veces en otros sitios porque tienen al personal muy concienciado", ha reiterado Del Olmo, quien ha incidido en cómo se ve la pérdida de peso de la Comunidad en las entregas a cuenta.
A este respecto, ha incidido en que el actual modelo supone 6,5 puntos menos de peso de Castilla y León y ha recordado que en el mismo se potencian mucho las variables poblacionales, en las que la Comunidad "no va bien, por desgracia".
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Todos los grupos de la oposición (a excepción del Mixto, que no ha estado representado en la Comisión) han criticado el adelanto del cierre del ejercicio, en el caso del Grupo Socialista, según ha explicado el procurador José Francisco Martín, por la hacer una política "partidista" y "seguidista" basada en el único objetivo de cumplir el déficit.
Martín considera que con la Orden de cierre del ejercicio no se pueden remitir expedientes de aprobación de gasto y ha criticado que la Consejería no obedezca la proposición no de ley aprobada en las Cortes en la que se pidió a la Junta que no aprobara la no disponibilidad de ningún crédito salvo lo necesario, situación que considera una "actitud antidemocrática".
"Es la manera de entender de la consejera las órdenes de Castilla y León", ha señalado el procurador socialista en contra de las afirmaciones de la titular de Economía y Hacienda, quien ha rechazado esta circunstancia al incluirse excepcionalidades en la Orden.
El portavoz socialista en la Comisión ha añadido que al final, y en contra de las Cortes, se ha "hecho caso a Montoro" y ha cuestionado qué cantidad exacta supone la no disposición que implica la Orden, que ha asegurado que se podría haber alcanzado sólo con la falta de ejecución de la Junta, que criticado.
Por su parte, el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel ha acusado a la consejera de "no contar todo" y ha asegurado que el cierre adelantado del ejercicio se deba al seguimiento a la línea del Gobierno central en su compromiso con la consolidación fiscal.
Sin embargo, ha expresado el temor de que el tema "encierre" que aquello de lo que se presumía hace poco como la reducción del déficit "a lo mejor resulta que no es verdad" y en los ingresos se vuelva a "petar" y se produzca un "agujero".
"Cuente algo más sobre los efectos del déficit", ha invitado Mitadiel, quien ha manifestado sus dudas de que se adelante un mes cuando, según sus cuentas, son dos meses para algunas de las cuestiones.
Además, ha recordado las advertencias de organizaciones agrarias como Asaja, que ha incidido en la posibilidad de que algunas ayudas comprometidas para los agricultores no puedan cobrarse, por ejemplo.
Finalmente, el procurador de Podemos Félix Díez ha atribuido esta situación a la política de "austericidio" que protagonizan el PP y el PSOE "con el apoyo de Ciudadanos" y ha criticado que se haga un "populismo desmedido" del que luego se acusa a otros cuando se aprueban bajadas de impuestos a los que más tienen.
A su juicio, hay una utilización "ética y moralmente inaceptable" en la política económica del PP, que tiene como consecuencia esta situación y ha rechazado que se "escuden" en el modelo de financiación, al tiempo que ha coincidido en que el cierre se adelanta "dos meses" y no uno.
Frente a estas críticas, el procurador del PP Salvador Cruz ha recordado que es "habitual" la orden de cierre del ejercicio económico y en esta ocasión sólo se ha adelantado un tiempo y no implicará problemas para realizar pagos o gastos comprometidos.
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