La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha defendido este miércoles una queja en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde ha advertido que los permisos de fracking "hipotecan gravemente dos tercios" de la superficie de Cantabria y "condicionan muy negativamente toda futura actividad social, ganadera, agrícola, industrial, turística,... de sus vecinos, sus "reales propietarios", además de conllevar "graves afecciones para la salud".
"Aquí se han otorgado esos derechos gravosos sobre más de 300.000 hectáreas, sobre las que podrán pedir actuaciones de fracking de cualquier dimensión, en el lugar y en el momento que quieran, que a ellos convenga. Sin necesidad de entrar siquiera en los daños objetivos que ocasiona la técnica del fracking, otorgar esos derechos significa muerte; nuestra muerte", ha alertado.
Además, ha denunciado que en algunas de las zonas donde se han solicitado permisos de fracking, está prevista al mismo tiempo, "por las mismas empresas y en las mismas circunstancias de falta de información, participación y planificación, la implantación de gigantescos parques industriales eólicos".
La plataforma ha denunciado el "flagrante incumplimiento" de la normativa europea y nacional que regula los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en materia de medio ambiente, y ha exigido "ser informados y participar, desde antes por supuesto de la toma de decisiones, en asuntos de tanta relevancia e impacto ambiental como el fracking.
Para este colectivo, un ejemplo "sangrante" de ese incumplimiento es el permiso Bezana-Bigüenzo, aprobado en 2009 "cuando en España nadie había aún oído hablar de lo que era el fracking", y "en ningún sitio se indicaba que se tratara de tan agresiva técnica de extracción de gas, sino que tan sólo se refería a un permiso más para la extracción de hidrocarburos".
La plataforma ha explicado que en el marco del permiso Bezana-Bigüenzo se están solicitando una serie de sondeos, Cadialso-2, El Coto-2, El Sestero-1, que incluyen ya la utilización expresa del fracking.
Además, ha denunciado que el Reino de España no ha informado a la Comisión de Peticiones que la Dirección General de Política Energética y Minas solicitó el pasado 1 de febrero al órgano ambiental la ampliación del plazo para la realización del trámite de información pública y de consultas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para el sondeo de investigación Coto-2 y Cadialso-2; y tampoco que con fecha 18 de abril el secretario de Estado de Medio Ambiente resolvió ampliar ese plazo.
Sin embargo, denuncia que en su solicitud la Dirección General de Política Energética y Minas "omitió mencionar información relevante" en relación a esta tramitación ambiental, como es el hecho de que todos los sondeos (Coto-2 y Cadialso-2) se corresponden con el permiso de investigación Bezana-Bigüenzo cuyo plazo concluyó el 2 de diciembre de 2015, una vez transcurridos los seis años que el Real Decreto 1781/2009, otorgaba a este permiso de investigación.
Y añade que en mayo de este mismo año 2016 se ha solicitado un nuevo sondeo, SESTERO-1, en base al mismo permiso "caducado" Bezana-Bigüenzo, que afecta a la Zona de Especial Conservación y Lugar de Interés Comunitario (ZEC y LIC) Río y Embalse del Ebro.
La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha concluido su intervención en la Comisión de Peticiones instando al Parlamento Europeo a exigir el cumplimiento, "con rigor", las directivas y normas que limitan las actividades con incidencia ambiental.
"Europa no puede ahora, presionada por los lobbys del dinero, ocultarse tras palabras o vanas interpretaciones con falsa apariencia jurídica que, además, no engañan a nadie con un mínimo de conocimientos y conciencia solidaria. No nos fuercen a desobedecer", ha aseverado.
UGAM-COAG
También la organización agraria UGAM-COAG ha llevado al Parlamento Europeo su queja sobre el fracking, en particular en el permiso Luena.
El debate sobre el fracking en Luena llegó al Parlamento Europeo en enero de 2015, si bien tuvo que ser suspendido dado que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no había remitido a la Comisión Europea toda la información del permiso Luena.
De hecho, según UGAM-COAG, únicamente había aportado la documentación relativa a las fases del permiso Luena en las que no estaba previsto el uso del fracking, por lo que la Comisión Europa entendió que no se contemplaba esa técnica, por lo que el expediente quedó en suspenso.
En marzo de 2015 la Comisión solicitó información adicional a las autoridades españolas, que recibió en junio de 2015. Con ella se constató que el Ministerio de Industria no había remitido originariamente la información relevante para la cuestión planteada, pues a través de la nueva documentación remitida queda acreditado que se preveía que el pozo de exploración 'Luena Profundo-1' conllevara el empleo de fracturación hidráulica de alto volumen (1.600 m3 de agua utilizados en cada fase de fracturación, con un total de 6.400 m3).
Sin embargo, recientemente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha archivado el procedimiento de evaluación ambiental del sondeo 'Luena Profundo-1', dado que la empresa Repsol (titular del permiso) no había entregado el estudio de impacto ambiental.
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