Salud incrementó la cuenta de beneficios de Aparcamientos CIBIR en 2016 porque "si no no firmaban"

La secretaria general técnica de la Consejería de Salud, Ana Esther Ruiz Macías, ha explicado hoy que, el 8 de junio de 2016, se introdujo una cláusula por la que se incrementaba la cuenta de beneficios de Aparcamientos CIBIR por "exigencia de la empresa". "Si no no firmaban, fueron negociaciones muy duras", ha dicho.

Ruiz Macías ha comparecido dentro de la Comisión de Investigación sobre el parking del CIBIR para responder a las preguntas de los diputados. En su intervención, ha puesto el acento en que, en las negociaciones con la empresa se buscó "el interés general" y, también, ha insistido varias veces en que fueron "negociaciones muy duras".

La socialista Nuria del Río se ha referido al acta de 8 de junio de 2016, en la que "aparece la firma" de la compareciente. En ella, se añade una cláusula nueva, ha relatado, que implica incrementar los ingresos de la empresa sobre el impuesto a los beneficios.

Una "sobrecompensación", tal y como la ha calificado del Río, fruto de unas "negociaciones muy duras", ha explicado la secretaria general técnica, en la que la empresa lo exigió como "requisito" una vez que se está "retrasando el cierre del aparcamiento del San Pedro".

"Creímos que no había más problema porque era a cuenta, y no a fondo perdido", ha relatado la responsable de Salud. Algo ante lo que del Río ha manifestado: "Nos resulta muy difícil de entender por qué una empresa que gestiona un parking es agraciada por este tipo de compensaciones".

Ruiz Macías ha dicho desconocer qué mecanismo se articulará para ese nuevo ingreso. Tampoco ha sabido responder a las preguntas de la socialista acerca de por qué se concedió la gestión a una empresa que "no acreditó" solvencia económica ni técnica.

Del Río, basándose en el pliego al que ha tenido acceso, ha enumerado cómo las empresas que formaron la sociedad que alumbró Aparcamientos CIBIR no aportaron "seguro de indemnización por riesgos profesionales; cifra de negocios superior dos millones de euros; o certificado de estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social".

Ha señalado que se les exigía acreditar una "relación de servicios o trabajos análogos", pero se trataba de empresas construcción de aparcamientos. Ha añadido, "incluso", la "atrocidad" de que una de las obras de construcción que se acredita "tiene un certificado de haber finalizado de modo satisfactorio" y, sin embargo, "estaba sin terminar".

Como "profesional" en la gestión de contratos, a pesar de no estar en el momento en el que se firmó, del Río le ha cuestionado su opinión "desde el punto de vista técnico" acerca de estos "incumplimientos acreditados".

La secretaria general técnica ha contestado: "No he llegado hasta tal nivel de detalle de comprobación (...) he dado por hecho que estaba correcto (...) son los funcionarios los que comprueban la documentación".

En cuanto al cierre del Aparcamiento Oeste 1, la secretaria general técnica ha creído que se consiguió "cumplir" el contrato con la empresa y, a la vez, respetar el "interés general", dado que se cerró pero no al uso sanitario. Así, ha asegurado que las plazas de este aparcamiento "estaban ocupadas por vehículos que llevaban días, incluso había caravanas".

A preguntas del diputado de Podemos Germán Cantabrana, la secretaria general técnica ha creído que "es lógico que" la empresa "pida una revisión del contrato si están perdiendo dinero", habida cuenta de que el Aparcamiento Oeste 1 "tenía finalidad sanitaria y no se ha vulnerado".

Ante esto, Cantabrana ha señalado que "alguien que no se puede nombrar porque es secreto" (en referencia a la comparecencia de los empresarios de Aparcamientos CIBIR, que fue secreta) contó que, en los primeros seis años, la empresa ha ingresado cinco millones. Echando la cuenta, el diputado de Podemos ha estimado que con el contrato actual llegarán a ingresar 25 millones a costa de las arcas públicas.

"El que no se puede nombrar porque es secreto dijo que se habían blindado sus dineros", ha añadido Cantabrana, por lo que le ha pedido a Ruiz Macías que "revise este contrato con cuidado y plantee una nulidad". También le ha pedido que reciba a la Marea Blanca.

La secretaria general técnica ha advertido de que en 2018 el contrato se revisará, ha considerado que "no va a tener tantas pérdidas" porque la ocupación del aparcamiento del CIBIR está aumentando y ha señalado que, entre las opciones de 2018, se encuentra "incluso la rescisión". "Por qué no, es una de las opciones que están contempladas en el pliego", ha dicho.

"Hicimos lo menos perjudicial para el interés general", ha insistido la secretaria general técnica, al tiempo que, desde el PSOE le recriminaba del río haber "hecho un auténtico desastre para las arcas públicas".

El 'popular' Jesús Ángel Garrido ha recordado que "es obligación de todos cumplir los contratos, también de la Administración". Tras creer que "no se está aportando nada nuevo" ha preferido "no alargar más este proceso" y, por eso, no ha hecho preguntas.

A preguntas del diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño, Ruiz Macías ha explicado que se trató de un contrato "privado", pero que "se tiene que ajustar a la Ley de Contratos del Sector Público".

El diputado naranja ha mantenido que hay "irregularidades" que deberían llevar a la "nulidad del mismo". Le ha hecho la pregunta, a su juicio, estrella, "dónde está el dinero" y ella ha contestado: "Creo que se ha utilizado en investigación y asistencia sanitaria".

En el desarrollo de la sesión de hoy, la socialista del Río ha solicitado más documentación. En concreto, "todos los escritos que se han cruzado entre la empresa y la Fundación Rioja Salud desde el 8 de junio de 2016 hasta hoy".

La Comisión continuará con las comparecencias, el 13 de junio, de la actual consejera de Salud, María Martín.