En una nota de prensa, el delegado ha recordado que "ya se aprobaron ayudas financiadas conforme a la ley general presupuestaria, precisando que en la tramitación de las ayudas intervendrán, junto al Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales, los ministerios de Interior, Agricultura y Pesca, Empleo y Seguridad Social, Hacienda y Función Pública y Economía, Industria y Competitividad".
Sanz, que ha presidido en la Base Naval de Rota (Cádiz), una reunión de la Comisión Territorial de Asistencia, que integra a los ocho subdelegados, ha explicado que a las ayudas habituales que se vienen concediendo en situaciones catastróficas similares, como ayudas por daños materiales y personales, beneficios fiscales, medidas laborales y de Seguridad Social", hay que sumarle medidas complementarias de este nuevo acuerdo.
Por ello, el delegado ha aclarado que "en el caso de daños a establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios, se podrá conceder una subvención de hasta el siete por ciento de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro, llegando hasta los 8.000 euros".
Asimismo, "los titulares de explotaciones agrícolas que hayan sufrido daños en elementos afectos a la explotación que no sean asegurables, se les podrá conceder una subvención de hasta el 70 por ciento de los daños valorados" ha afirmado el delegado.
Antonio Sanz ha aclarado que "el nuevo acuerdo también beneficia especialmente a los ayuntamientos a los que se abonará el cien por ciento de los gastos de emergencia", cuyas ayudas se están tramitando actualmente.
Respecto a las infraestructuras, el artículo 6 del nuevo decreto-ley prevé que se podrá "conceder una subvención de hasta el 50 por ciento" del coste de las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal.
Estas subvenciones, no obstante, se atenderán con cargo al crédito que a estos efectos se habilite y aún debe establecerse el procedimiento para la concesión de las mismas por parte del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
El delegado del Gobierno ha mantenido que en el acuerdo se incluyen además "beneficios fiscales como la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas, la supresión de tasas de la DGT en determinados trámites y la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias, entre otras medidas".
COMISIÓN INTERMINISTERIAL
Sanz ha dicho que "las solicitudes para la concesión de estas ayudas se tramitarán por las Delegaciones o las Subdelegaciones del Gobierno y tendrán un plazo de dos meses para presentarse, contados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, y serán resueltas por el ministro del Interior".
Para ello, se ha creado una comisión interministerial para la aplicación de estas medidas de apoyo previstas, que será coordinada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias e integrada asimismo por los representantes de los ministerios implicados, siendo coordinada a través de la Delegación del Gobierno". "Esta comisión elaborará un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en ejecución de este real decreto-ley antes del 1 de julio de 2017" ha puntualizado Sanz.
El delegado ha destacado el "compromiso" del Gobierno de España con las provincias afectadas por las inundaciones que han derivado en graves daños determinando la extraordinaria y urgente necesidad de la aplicación de las medidas contenidas en el acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre, "al que se ha dado respuesta con celeridad para poder complementar las peticiones de ayudas".
Sanz ha finalizado "que ahora lo deseable es que todas las administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias, aporten ayudas para poder dar la mayor cobertura posible a los daños causados es estas provincias andaluzas, como ha hecho el Gobierno central".
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