El colectivo de las VPO de Sanlúcar en alquiler social protesta en el Parlamento y la Junta da su "compromiso"

El colectivo de las VPO de Sanlúcar en alquiler social protesta en el Parlamento y la Junta da su "compromiso"
El colectivo de las VPO de Sanlúcar en alquiler social protesta en el Parlamento y la Junta da su "compromiso"
EUROPA PRESS
EUROPA PRESS

Las familias que habitan mediante alquileres sociales las viviendas protegidas promovidas en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) por Disean S.L. han celebrado este jueves una concentración ante el Parlamento, en demanda de que la Consejería de Fomento y Vivienda abone las ayudas "comprometidas" en el acuerdo alcanzado en 2014 para que dichos inmuebles estuviesen sometidos a alquileres sociales. La Junta, de su lado, les ha recibido y ha ratificado su "compromiso" al respecto.

Hablamos de las 41 viviendas protegidas y vacías de la promoción inmobiliaria Balcones del Sol, impulsada en Sanlúcar la Mayor por Disean S.L. Merced a las movilizaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Asociación 'Sanlúcar? Pues Participa!', en septiembre de 2014 la promotora, la Consejería de Fomento y Vivienda (entonces en manos de IU-CA) y las citadas organizaciones sociales, firmaron un protocolo de colaboración para resolver el destino de los inmuebles.

Según el acuerdo alcanzado entonces, las viviendas desocupadas serían gestionadas por la Administración autonómica para ser adjudicadas en régimen de alquiler según el registro municipal de demandantes. Sus adjudicatarios, en ese sentido, optarían a las ayudas autonómicas para inquilinos en situación de especial vulnerabilidad. Dichas ayudas, según el colectivo, subvencionaban los alquileres de las familias hasta el punto de que las mismas sólo habrían de asumir como máximo el 25 por ciento de las rentas de alquiler.

LAS AYUDAS

Pero a día de hoy, y según ha informado a Europa Press uno de los habitantes de las viviendas de esta promoción, la Administración andaluza sólo habría abonado a este colectivo las ayudas autonómicas correspondientes a "los dos meses de 2014" para los cuales regía el mencionado protocolo de colaboración, toda vez que no se sabe "nada" de las ayudas en lo que concierne a los meses de 2015 y 2106, bajo la premisa de que "lo que se quedó cerrado (es decir comprometido) fue 2014".

"Legalmente, no hay ningún papel", ha admitido este portavoz del colectivo, recordando no obstante la "palabra" o compromiso "verbal" de Juan Borrego (PSOE) como exdelegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda y Jesús Manuel Sánchez (PSOE) como su sucesor en dicho departamento, a la hora de buscar "una solución".

Y es que entretanto, y según avisa el colectivo, Disean S.L. habría "cedido a una gestora la administración" de la promoción, y a los moradores de las casas se les habría anunciado que van a "hacer frente a nuevos contratos" de alquiler, con cuotas de entre 250 y 370 euros en función de las dimensiones de cada vivienda durante el primer año, con incrementos de "25 euros" al año.

El delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Jesús María Sánchez, ha manifestado al respecto, en declaraciones a Europa Press, que el mecanismo orquestado en 2014 para la canalización de las ayudas fue hecho "con la mejor intención", pero era "una chapuza" en materia administrativa y jurídica, extremo que hace "complejo" resolver el asunto.

En ese sentido, ha defendido que la Junta mantiene su "compromiso" para facilitar subvenciones a estas familias, aunque para ello será necesario seguir una serie de pasos. En primer lugar, según ha detallado, el 19 de julio el Ayuntamiento de Sanlúcar aprobará previsiblemente en su pleno solicitar a la Consejería de Fomento el paquete global de "ayudas extraordinarias" con destino a estas familias, tras lo cual al día siguiente, él mismo espera analizar con los responsables de dicho departamento autonómico la "tramitación" de las subvenciones extraordinarias. "Ese primer paso corresponde al Ayuntamiento", ha dicho.

Del mismo modo, Jesús María Sánchez ha defendido que será necesario revisar todo el mecanismo de las ayudas a estas familias, apostando por "un convenio a tres bandas" entre el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta.

Mostrar comentarios