Madrid.- La segunda tanda del combate judicial entre Iberdrola y ACS comenzará hoy en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, ante el que la eléctrica ha impugnado las cuentas anuales de la constructora porque cree que no reflejan "la imagen fiel" de su situación financiera, su patrimonio y sus resultados.
La batalla judicial entre ambas empresas comenzó el pasado 26 de mayo, cuando Iberdrola pidió que se anulasen los acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas de ACS por incluir "numerosas infracciones de la normativa vigente".
En concreto, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán solicita que se anulen la memoria, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe de gestión, la aplicación de los resultados y la gestión del Consejo de Administración de ACS durante el ejercicio 2009.
La eléctrica ejercita así su derecho a impugnar las cuentas judicialmente como propietaria de 20.000 acciones de la constructora (el 0,0064% del capital).
Iberdrola afirma que el año pasado la constructora tuvo unas pérdidas brutas de 405 millones de euros (sin contar la venta de Unión Fenosa) en lugar del beneficio de 988 millones que declaró.
Este nuevo enfrentamiento en los tribunales se produce tan sólo tres días después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao denegase la suspensión cautelar que, por su parte, ACS había pedido de los acuerdos adoptados en la última Junta General de Iberdrola.
El grupo que preside Florentino Pérez había impugnado a través de su filial, Residencial Monte Carmelo, la junta que Iberdrola celebró en marzo, en la que sus accionistas negaron la entrada de un representante de ACS en el consejo de administración de la eléctrica, al creer que existe un conflicto de intereses entre ambas empresas.
ACS, que es el principal accionista de Iberdrola con el 12 por ciento de su capital social, aseguró que no existe competencia directa entre las dos compañías, ya que solamente el 1% de su facturación está ligada a la energía, frente al 91% de la firma vasca.
Por lo que respecta a la ingeniería, indicó que supone el 42% de su facturación, y el 5% de la de Iberdrola.
En su auto resolutorio, el juez consideró que, por los informes presentados por Iberdrola, "al menos indiciariamente parece que existe un conflicto económico de gran entidad entre ambos que justifica la destitución del consejero nombrado por ACS".
Ignacio Sánchez Galán y Florentino Pérez mantienen desde hace años esta pugna, debido a la reivindicación de la constructora de contar con un puesto en el Consejo de Administración de la compañía energética.
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