Acuerdo entre pescadores y Gibraltar pone fin a un conflicto de cuatro meses

Algeciras (Cádiz), 3 ago.- El principio de acuerdo alcanzado hoy entre los pescadores españoles y el gobierno de Gibraltar pone fin de momento a un conflicto que ha durado cuatro meses y que ha salpicado a las relaciones diplomáticas entre España y el Reino Unido.

Los problemas entre los pescadores de la Bahía de Algeciras (Cádiz) y Gibraltar comenzaron a mediados del pasado marzo, cuando la policía gibraltareña empezó a salir al paso de las embarcaciones pesqueras españolas que se aproximaban al Peñón a faenar para advertirles de que estaban infringiendo la ley.

Con ello, tres meses después de ganar las elecciones, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, cumplía su compromiso electoral de anular el acuerdo pesquero de 1999, que, según mantiene, es ilegal porque choca con una ley medioambiental local de 1991.

El gesto se producía después de que el nuevo gobierno español de Mariano Rajoy marcara su posición con respecto a las relaciones con Gibraltar anunciando que daba por muerto el foro tripartito de diálogo, un instrumento por el que España, Reino Unido y Gibraltar se sentaban a dialogar sin entrar en el espinoso asunto de la soberanía de la colonia.

El veto a la pesca afecta a 53 barcos de La Línea de la Concepción y 6 de Algeciras, que dan de comer a más de 200 familias.

El 21 de marzo, días después de que se iniciara el conflicto, Fabian Picardo y el alcalde de Algeciras y diputado popular, José Ignacio Landaluce, decidieron establecer una ronda de contactos entre el sector pesquero, los técnicos de medio ambiente y el comisario de la Royal Gibraltar Police para estudiar el asunto.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, expresaba la primera queja diplomática a Reino Unido por el bloqueo a los pescadores.

En esas fechas los pescadores comenzaron a evitar pescar en el caladero del conflicto, aunque los que lo intentaban eran rápidamente expulsados por la Policía gibraltareña.

Tras cinco reuniones con los representantes de Gibraltar, el sector pesquero español decidió romper las negociaciones el 15 de mayo ante las exigencias y la inmovilidad de la colonia británica y seguros de que sus artes y su actividad están amparadas por la legislación comunitaria.

Conminaron al Gobierno español a que les defendiera y les protegiera, decididos ya a regresar a pescar al lugar en el que históricamente lo habían hecho.

Era el principio del recrudecimiento del conflicto.

La Reina Sofía suspendió su viaje a Londres para celebrar el Jubileo de la Reina Isabel II, como parte de la queja diplomática española.

En la noche del jueves 17 de mayo se produjeron los primeros incidentes serios con las embarcaciones pesqueras de Algeciras. Seis barcos acudieron a faenar en la zona de la bocana del puerto de Gibraltar, donde fueron hostigados por la Royal Gibraltar Police, lo que hizo que la Guardia Civil acudiera a proteger a las embarcaciones que, finalmente, decidieron abandonar la zona.

Era el primero de un rosario de incidentes, en los que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil escoltó a los pescadores que decidían desafiar la legislación gibraltareña y la Royal Navy apoyaba a la RGP.

La tensión se trasladó también a la Verja, donde la intensificación de los controles de la Guardia Civil provocó colas kilométricas.

El conflicto pesquero volvía a poner sobre la mesa el espinoso litigio sobre la soberanía de las aguas que rodean el Peñón.

España mantiene que el Tratado de Utrecht (1713) no cedió las aguas, solo la entrada al puerto, mientras que Fabian Picardo dice que aquel acuerdo no recogía este asunto porque entonces regía la "ley del cañonazo", que daba a la costa el espacio marítimo que podía alcanzar una bala. En ese argumento, ha insistido en retar a España a llevar el asunto a los tribunales internacionales.

En medio de la crispación, la alcaldesa de La Línea de la Concepción, Gemma Araujo (PSOE), y una delegación de los pescadores de este municipio se reunió con Picardo y alcanzaron un "memorandum de entendimiento" por el que los pescadores se comprometían a no desafiar la legislación gibraltareña mientras una comisión técnica estudiaba el problema y las posibles soluciones.

La firma de este acuerdo crispó a los pescadores de Algeciras, encabezados por el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), Pedro Maza, dividió al sector y llevó a que en los días sucesivos se produjera la mayor escalada de tensión en la Bahía de Algeciras.

Tres meses después de que se originara el conflicto, los pescadores del Campo de Gibraltar alzan ya la voz de alarma y hablan de la precaria situación económica en la que se están quedando por el veto a su actividad.

El lunes 30 de mayo, el ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo y su homólogo británico, William Hague, se reunieron en Londres para abordar el conflicto y lanzaron un mensaje conjunto en el que instaron a Gibraltar y a los pescadores a poner fin a un conflicto que ambos califican como "local", pese al cruce de acusaciones y quejas diplomáticas de los últimos meses.

El mensaje sirvió para que el viernes 8 de junio comenzara el trabajo de una comisión técnica compuesta por representantes del sector pesquero campogibraltareño y por expertos en medio ambiente y pesca de Gibraltar, en la que los pescadores se han esforzado en acreditar con ingente documentación el respaldo de la Unión Europea a su actividad.

Con esas negociaciones en marcha, el 11 de junio el príncipe Eduardo de Inglaterra y su esposa visitaron la colonia, en el marco de los actos del Jubileo de la reina Isabel II. La visita, como cada vez que un miembro de la familia real británica visita la colonia, motivó una nueva queja diplomática de España.

Días después, el 20 de junio, el rey Juan Carlos visitó la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras y se reunió con los pescadores afectados por el conflicto, a los que expresó su apoyo y a los que aseguró tajante: "Os defenderemos".

La comisión ha continuado su trabajo sin cumplir el ultimátum que los pescadores españoles dieron a la misma y por el que fijaron el 30 de julio como fecha tope para alcanzar un acuerdo. Días antes, Picardo citó a Pedro Maza para fijar con él una reunión el 3 de agosto.

Y entre tanto se han producido incidentes como el ocurrido el 20 de julio cuando la Guardia Civil interceptó en aguas de la Bahía a una embarcación gibraltareña de recreo que había pescado ilegalmente un atún de 208 kilos y llevó a sus dos ocupantes al puerto algecireño para imponerles una sanción.

Los gobiernos de Gibraltar y Reino Unido llegaron a tachar de "ilegal" la "incursión" de la Guardia Civil en lo que consideran aguas territoriales británicas.