Madrid, 9 oct.- Adaptar a la nueva normativa las medidas de seguridad y protección de las infraestructuras críticas -cuya interrupción supondría un grave impacto sobre los servicios públicos esenciales- costará a las empresas gestoras y a las administraciones más de 100 millones de euros, según fuentes empresariales.
En España existen unas 3.500 infraestructuras "sensibles", tales como vías de transporte y telecomunicaciones, centrales nucleares o redes de abastecimiento de agua y alimentos, de las cuales el 80 % son gestionadas por empresas privadas.
El Gobierno español ha transpuesto una directiva comunitaria que busca blindar instalaciones antes de mediados de 2013 y se ha aprobado una ley y un reglamento para regular la protección de este tipo de instalaciones.
La norma contempla la puesta en marcha de un Plan Nacional con medidas concretas, complementadas con la actuación del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que desde 2007 se encarga de controlar la seguridad de estas instalaciones.
Las empresas, por su parte, tienen un plazo de dos años para adaptarse a la normativa, que contempla análisis de riesgos, planes de continuidad del negocio y la instalación de nuevas medidas de seguridad.
Para estudiar el modo y los costes de implantar esta medida europea se ha constituido una "alianza empresarial", conformada por el intermediario de seguros y reaseguros global Willis; Elecnor -a través de su área tecnológica Deimos- y las empresas GTD y SGS, ya que afecta a muchos campos, como los datos financieros, las conexiones ferroviarias, las carreteras e incluso de Sanidad y la distribución alimentaria.
Con el objetivo de "proteger" estas infraestructuras y servicios, como el servicio eléctrico, se tienen que contemplar diferentes vías de abastecimiento e incluso la mejora de servicios de seguridad, incluyendo por ejemplo vídeo-vigilancia a través de un satélite.
En la norma están incluidos todos los sectores estratégicos que podrían verse afectados, como las infraestructuras de la Administración central, las industrias nuclear y química, la distribución del agua y la energía, la salud, las telecomunicaciones, el transporte, la alimentación, el sistema financiero y tributario y las instalaciones de investigación.
Con el objetivo de aglutinar a todas las compañías afectadas por esta ley, Willis celebrará mañana una jornada sobre infraestructuras críticas, con representantes de más de una treintena de entidades, entre las que se encuentran Telefónica, Repsol o Gas Natural Fenosa.
El director general adjunto de Willis en España, Enrique Zárraga, explicó a EFE que esta normativa supone un "espaldarazo definitivo" a la llamada "continuidad de negocio", que implica que se garantice el suministro de estos servicios en caso de un desastre natural, un ataque terrorista o cualquier tipo de percance imprevisto.
Debido a que la medida, que por el momento no es coercitiva, supondrá una "importante inversión" para las compañías gestoras, las fuentes empresariales consultadas abogaron por que la Unión Europea habilite fondos destinados a la adaptación al nuevo protocolo.
A pesar de que las empresas españolas son un referente internacional en sus medidas de seguridad, al haber convivido durante años con la amenaza terrorista, muchos de estos servicios tienen que ser ahora convalidados por el CNPIC, que mantiene conversaciones con las compañías gestoras de estas infraestructuras.
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