La 'pausa' de AMLO apunta a Repsol o Iberdrola en plena reforma eléctrica

El proyecto estrella de Andrés Manuel López Obrador -también conocido como AMLO- está en marcha: la reforma del sector eléctrico. Una inciativa con la que busca sepultar la reforma energética promulgada en 2013 por su antecesor, Enrique Peña Nieto -que incentivaba la inversión privada del extranjero-, para fortalecer a la empresa estatal, Comisión Federal de Electricidad (CFE), como el actor dominante en el control del Sistema Eléctrico Nacional, relegando al sector privado a una posición secundaria. Por otro lado, aunque la futura ley se centra en el sector eléctrico, también tendrá impacto en las industrias de los hidrocarburos y de la minería, donde se busca impulsar otra empresa pública: Petróleos Mexicanos (Pemex). Un plan con el que busca reducir la posición dominante de las energéticas españolas en su país.

Esta semana el presidente mexicano volvió a hacer uso de una retórica agresiva contra España (en 2020 arremetió contra las energéticas españolas asegurando que "no es tierra de conquista"). Sin embargo, tras meses con relativa calma, el pasado miércoles volvió a poner 'en jaque' al empresariado español con una serie de frases escuetas, pero profundas como una daga: "No atravesamos una buena relación. Conviene para las dos partes hacer una pausa. Nos hemos llevado la peor parte de la promiscuidad económica y política en las relaciones bilaterales durante las últimas décadas, eran como dueños de México, nos saqueaban". Todas estas palabras tenían un destinatario directo: las energéticas españolas. 

Llevar a cabo el ambicioso plan de Obrador no es fácil: tendrá que reformar -con el apoyo de 333 diputados- hasta tres artículos de la Constitución... y su partido solo cuenta con 198. Los tres artículos son: el 25 ("se eleva a rango constitucional la obligación del Estado de preservar la seguridad y autosuficiencia energética"), el 27 ("se modifica el alcance del sector eléctrico como área estratégica a cargo del Estado para abarcar la totalidad de la industria: la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica") y el 28 ("se establece que la CFE garantizará la generación de, al menos, el 54% de la energía del país, mientras que el sector privado participaría hasta en el 46%").

Según el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), hay casi 900 compañías españolas afincadas en México. Entre ellas, se encuentran las eléctricas más importantes de nuestro país, como Iberdrola, Naturgy, Repsol, Acciona, Siemens Gamesa o Renovalia. Todas ellas -sobre todo las especializadas en la energía renovable- tienen fuertes intereses en este mercado. Algunas de estas compañías han asegurado a La Información que se trata de un tema "recurrente" y que "no es la primera vez que sucede". Entienden que estas declaraciones son "un tema político" en el que "no queremos entrar".

Según el think tank de energía Ember, el 71% de la generación eléctrica de México procede del gas y del petróleo, el 11% de la hidráulica, el 10% de la eólica y solar, el 4% del carbón y el resto de la nuclear. Desde el año 2015, México ha seguido una práctica muy estricta para reducir la matriz energética del carbón, consiguiendo disminuir su generación en un 60% y cuyo espacio lo han ido sustituyendo las energías eólica y solar. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es la que concede a las eléctricas el derecho a la explotación de un recurso. Por otro lado, como ocurre en el mercado eléctrico español, la generación y la comercialización están sumidas a la libre competencia, mientras que la distribución y el transporte son titularidad del Estado.

Entre estas, destacan: Naturgy (antiguo Gas Natural), que es el principal operador de distribución de gas en México; Repsol, que  ha sido adjudicataria de seis bloques exploratorios en las últimas rondas mexicanas de licitación, e Iberdrola, que es la compañía más fuerte en energía renovable -eólica y solar- del territorio. Pero no solo las compañías españolas están salpicadas por esta reforma, decenas de compañías norteamericanas y canadienses ya criticaron en su momento la nueva reforma de Obrador. 

Este nuevo ataque llega tras perder la mayoría absoluta (256 diputados consiguió) el pasado verano, lo que dificulta mucho su margen de actuación. Para sacar adelante la medida -que supondrá una estacada para los intereses de España- necesitará el siguiente conglomerado de votos: los 44 de los ecologistas, los 38 del Partido del Trabajo, los 24 del partido progresista Movimiento Ciudadano, los 17 del Partido de la Revolución Democrática y, además, intentar convencer a alguno de los dos partidos de centro derecha del país, Acción Nacional o el PRI. Este último es quien tiene la llave para que salga adelante la reforma; y su "neutralidad" mostrada acerca del tema invita a las energéticas españolas a pensar que su idilio en el paraíso azteca puede estar llegando a su fin.