Andalucía dice que el proyecto de Ley de Cajas pone en riesgo la obra social

Sevilla, 22 oct.- El Gobierno andaluz ha advertido hoy de que el proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias impone a estas últimas entidades nuevas obligaciones, como la dotación de un fondo de reserva, que pueden poner en riesgo la propia capacidad de éstas para llevar a cabo su obra social.

La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado hoy ante el Consejo de Gobierno un informe sobre el proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias que tramita el Congreso, y ha reclamado que las comunidades autónomas puedan asumir el protectorado de las nuevas fundaciones bancarias que desarrollen su obra social de forma mayoritaria en sus territorios.

Este es el aspecto más destacado del informe que ha presentado al Consejo de Gobierno sobre el proyecto de Ley de Cajas de Ahorros, según ha informado en conferencia de prensa posterior el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez.

El portavoz ha remarcado que la nueva ley tiene una "incidencia directa" en las comunidades autónomas, que tendrán que adaptar su normativa a la estatal, para lo que dispondrán de un plazo de seis meses, el mismo que tendrán las entidades financieras para adecuar los estatutos y reglamentos de las fundaciones,

En el informe presentado hoy se destaca la necesidad de clarificar y delimitar en el proyecto de Ley las competencias estatales y autonómicas en materia de control de las nuevas fundaciones bancarias, definiendo más concretamente el ámbito de actividad principal de estas entidades, para determinar la administración a la que corresponde su protectorado.

A juicio del Gobierno andaluz, el ámbito de actividad principal viene determinado por la obra social y el espacio geográfico en que se desarrolla, por lo que si una fundación bancaria lleva a cabo esta función de forma mayoritaria en el territorio de la comunidad autónoma, ésta debería asumir su protectorado con independencia del ámbito de actividad del banco del que participe.

La Junta pide también que se flexibilice el establecimiento de la incompatibilidad del cargo de patrono de una fundación (integrante del máximo órgano de gobierno) y el desempeño de cargos equivalentes en la entidad bancaria.