La campaña a las elecciones catalanas dio el pistoletazo de salida el pasado jueves, en medio de una tormenta política a nivel nacional ante la posible renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha cancelado su agenda política hasta el lunes para meditar sobre su continuidad en el cargo. El arranque del nuevo ciclo electoral llega en un momento en que la vivienda, la crisis económica o la falta de acuerdos y la inestabilidad política se cuelan entre las principales preocupaciones de los catalanes, según el barómetro preelectoral elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Esa mayor inquietud por temas que están relacionados con el bolsillo se produce en pleno azote de la sequía, pero cuando las grandes cifras macroeconómicas no ofrecen aún síntomas evidentes de la desaceleración prevista. Uno de los factores que está llamado a contener ese frenazo de la economía es el despliegue de los fondos europeos que, en el caso concreto de Cataluña, se ha topado de bruces con el cuello de botella de la burocracia.
Si la llegada de las ayudas asociadas a los Next Generation (NGEU) a la economía real avanza de forma contenida a nivel nacional a la luz de los datos publicados esta misma semana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en el caso concreto de Cataluña el atasco es evidente. Hasta finales del primer trimestre la autonomía apenas había resuelto inversiones y ayudas por valor de 1.179 millones de euros, el 36% de las convocatorias totales lanzadas por el Estado, la Generalitat y los ayuntamientos de la región, que ascendían a 3.272 millones a 31 de marzo.
En aquellas adjudicaciones que dependen únicamente de las entidades locales, sin embargo, el porcentaje resuelto es algo más elevado, del 41,5%. Ese nivel de ejecución en términos regionales se sitúa muy por debajo de la media nacional (56,4%) y está a años luz del que registran comunidades autónomas como Aragón (68,5%), Galicia (66,6%), Castilla-La Mancha (65,5%) o como el País Vasco, cuya tasa de resolución se sitúa en el 63,5%.
Desde la puesta en marcha a principios de mes de 'Elisa', la herramienta desarrollada por el Gobierno para fiscalizar el despliegue de los fondos europeos, Cataluña se ha mantenido a la cola en la adjudicación de los mismos. El rastreo que permite realizar este instrumento muestra una instantánea muy similar a la que detecta la Autoridad Fiscal con su propia herramienta de seguimiento de los NGEU. Esta apunta a que hay un 64% del montante asignado a la autonomía en conferencia sectorial que aún no ha sido formalizado o concedido, esto es, alrededor de 2.552 millones de euros de un total de 3.974 millones.
La movilidad sostenible urbana (587,58 millones de euros), las aptitudes digitales (133,2 millones), la economía de los cuidados e inclusión (114,48 millones) y el mercado laboral (98,54 millones) son los componentes y líneas que más financiación han recibido hasta la fecha, siendo Metro de Barcelona, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat, Transportes de Barcelona e Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña los principales órganos convocantes hasta la fecha.
La condonación de la deuda y la reforma de la financiación
Cuando quedan algo más de dos años para que finalice el plazo en que podrán aprovecharse los fondos europeos ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el atasco en la canalización de los que le han sido transferidos será uno de los principales retos al que tendrá que hacer frente el próximo gobierno autonómico. Es sólo uno de los desafíos que afronta, puesto que está aún en el aire el desarrollo del plan para condonar el 20% de la deuda que la región mantiene con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) -que el PSOE y ERC pactaron de cara a la investidura de Sánchez.
El mecanismo fue creado en plena crisis de deuda en 2012 para evitar la quiebra de los territorios que tenían cerrado el acceso a los mercados y el Gobierno ya ha advertido de que se plantea su retirada paulatina en un futuro. El Ministerio de Hacienda tenía previsto iniciar los contactos bilaterales a nivel técnico con las comunidades el pasado mes de febrero, pero la dificultad para sacar adelante leyes clave en el Congreso ante la imposibilidad de reunir las mayorías suficientes y el adelanto electoral en Cataluña -que llevó a Sánchez a renunciar a presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2024 para centrarse en los del año que viene- han puesto en pausa el calendario diseñado por el Ejecutivo Central.
La mayoría de los partidos que acuden a las urnas el 12-M apuestan en sus programas por la reforma del modelo de financiación autonómica para frenar la pérdida de recursos en la autonomía que, con todo, no es la peor tratada por el modelo que permanece vigente pese a haber caducado en 2014. 'Think tanks' como Fedea Cataluña, que fue el año pasado la autonomía que más dinero recibió de los 123.356 millones que Hacienda repartió en concepto de entregas a cuenta (23.255 millones, casi el 19% del total) accederá también este año a recursos récord a cuenta del modelo.
El incremento de los ingresos ha permitido al Estado elevar un 8,3% el total de entregas previstas para este ejercicio hasta los 134.658 millones. Esa actualización debería haberse incorporado a los Presupuestos de este año. Como estos no verán la luz finalmente, el grupo parlamentario socialista la ha incluido en unas enmiendas al proyecto de ley que contiene las ayudas anticrisis, según avanzó El País.
Buenos indicadores macro... tensión en la vivienda
De momento, los principales indicadores macro sí darán la bienvenida al nuevo presidente de la Generalitat. La confianza empresarial ha mejorado un 2,3% interanual en el segundo trimestre aupada sobre todo por el turismo; la tasa de paro siguió siendo una de las más bajas del país entre enero y marzo (del 9,48% frente al 12,29% nacional) y la actividad se ve impulsada aún por el efecto arrastre del PIB, que creció al 2,6% el año pasado, una décima por encima de la media nacional.
A nivel micro, uno de los principales problemas para Cataluña -como para el resto de España- tiene que ver con las dificultades de acceso a la vivienda, muy especialmente en el caso de los jóvenes, como advertía esta misma semana el Banco de España. El Ejecutivo de Pere Aragonès aprobó un decreto ley de urgencia para regular los alquileres de temporada y evitar que los propietarios de vivienda los empleasen para esquivar la regulación de precios en las zonas tensionadas. El pasado 16 de marzo se implantó el índice de precios de referencia para limitar el coste de los alquileres en 140 municipios tensionados de la comunidad, una de las medidas estrella del Gobierno incluida en la Ley de Vivienda estatal.
