El acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez que el PSOE firmó con ERC ha recuperado el debate acerca del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que venía operando sin demasiado ruido los últimos años. Este mecanismo extraordinario de financiación a modo de línea de créditos blandos echó a andar en 2012, en plena crisis de deuda, cuando las autonomías con mayores desequilibrios en sus cuentas o bien tenían cerrado el acceso a los mercados financieros o únicamente podían optar a esa liquidez a unos costes inasumibles.
Lo diseñó el Gobierno de Mariano Rajoy con Cristóbal Montoro al frente del ministerio de Hacienda como un tipo de crédito con condiciones favorables al que las autonomías podían optar a cambio de planes de ajuste y de una mayor fiscalización por parte del Gobierno Central a sus presupuestos y a sus planes de tesorería. El hecho de que esta liquidez naciese con el 'estigma' de ser considerada prácticamente un rescate llevó a varios gobiernos autonómicos -todos del PP- a no sumarse a este instrumento: Galicia, Madrid o Castilla y León.
El entorno ha cambiado desde entonces, si bien el estallido de la pandemia de Covid ha agravado el problema de endeudamiento público, sobre todo del Estado, que es el que ha asumido todo el coste de las medidas anticrisis. Este se ha convertido, de hecho, en uno de los principales retos para la economía nacional, al haber reducido de forma notable su margen de maniobra para afrontar eventuales choques.
En su momento el FLA fue una "buena solución" para hacer frente a una situación de emergencia, sostiene Ángel de la Fuente, director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Sin embargo, lo que debería haber operado como una solución temporal se cronificó y se ha convertido, a su juicio, en parte del problema, dado que permite a las autonomías seguir gastando más de lo que ingresan. "Habría que intentar desmantelarlo", apunta, de forma que las comunidades autónomas vayan saliendo de este mecanismo y, eso sí, contemplando la posibilidad de que puediera reactivarse en momentos de crisis.
El Gobierno pretende eliminarlo, aunque no de golpe
Fuentes del ministerio de Hacienda confirman a este diario que en el marco de la reforma de la financiación autonómica, que el Ejecutivo pretende abordar a lo largo de la presente legislatura, se abriría también una revisión del FLA. Reconocen que el hecho de que se haya convertido en "estructural" supone un problema, por lo que si bien el objetivo es eliminarlo, no se haría de golpe. En ese sentido, aseguran que la quita de una parte de la deuda que las autonomías mantienen con el Estado vía FLA -como contempla el pacto entre PSOE y ERC- ayudaría a que se pudiera ir suprimiendo este mecanismo.
Una redistribución de recursos entre administraciones públicas cada vez menos justificada, la posibilidad de generación de conductas no deseadas dada la dependencia del Estado y la reducción del atractivo de acometer reformas, son algunos de los costes que, según un informe reciente publicado por BBVA Research, ha tenido el Fondo de Liquidez Autonómico. El servicio de estudios de la entidad sostiene, al mismo tiempo, que el coste financiero para las autonomías que optaron por quedarse fuera de este mecanismo de liquidez ha sido transitorio y reducido, mientras que los beneficios han sido mayores para estos gobiernos regionales.
Así, aseguran que, dado que han contribuido a reducir la prima de riesgo española y han propiciado la sostenibilidad de la deuda del resto de comunidades, "gozarán de mejores condiciones de financiación a medio y largo plazo" y su exposición a los mercados de capitales genera incentivos para implementar reformas que favorezcan el crecimiento, incrementen la eficiencia del gasto o, si fuese necesario, ajusten la carga fiscal para mejorar la calidad y cantidad de los servicios que proveen.
El 57% del FLA ha ido a parar a Cataluña y Comunidad Valenciana
A lo largo de este año, Cataluña será la autonomía que más fondos vuelva a recibir del FLA. Accederá a 3.133 millones de euros de financiación, prácticamente el 37% de los 8.500 millones de los que podrán disponer las nueve regiones acogidas a este mecanismo. Le siguen la Comunidad Valenciana (2.832 millones), Aragón (658 millones), Castilla-La Mancha (603 millones), Extremadura (464 millones), Baleares (323 millones), Murcia (300), Cantabria (121) y La Rioja (67).
Según los datos que hace públicos el departamento que capitanea la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, desde su puesta en funcionamiento hace ya más de una década el mecanismo extraordinario ha puesto a disposición de las comunidades en peor situación más de 436.000 millones de euros (el equivalente al 32% del PIB de 2022) de los que más de la mitad habrán ido a parar a Cataluña (142.139 millones) y la Comunidad Valenciana (con 104.768 millones en total).
