La crisis del Covid-19 ha agravado la situación económica de los ayuntamientos de todo el país. La pandemia ha provocado que los consistorios hayan tenido que asumir unos gastos con los que no contaban y han sufrido una merma en sus ingresos por las restricciones y el confinamiento. La cuestión se agrava cuando muchos de ellos ya tenían numerosos problemas antes de que el virus estallara. Por lo que ahora, un año después de la crisis, pueden estar mucho peor. Esa es la denuncia que ha realizado el PP, que ha calculado que más de 250 entidades locales tienen rendimientos negativos de tesorería en 2019. Es decir, que ya entonces no disponían de ahorros y su capacidad de solvencia estaba en entredicho. Un problema al que hay que sumar que, según los 'populares', el Gobierno central apenas les ha dado oxígeno financiero después de la pandemia. Lo que puede haber empeorado esos números que ya eran preocupantes.
El listado elaborado por el partido que lidera Pablo Casado muestra un panorama inquietante en corporaciones que no han sido capaces de dar la vuelta a la tesorería negativa que padecen a pesar de las exigencias de los últimos años del Ministerio de Hacienda. El que más alarma despertaba cuando cerró sus cuentas de 2019 es Parla, en la Comunidad de Madrid, al sufrir un remanente negativo de 436.949.550 millones. A este le sigue el de Jaén, que se dispara hasta los 82.505.383 millones de saldo negativo, evidenciando su falta de solvencia cuando cerró el año previo a la pandemia. Después está la administración de Granada, con 71.326.498 millones, que ponen en entredicho su capacidad para afrontar situaciones inesperadas como las que ha podido entrañar la crisis sanitaria. El 'top 4' de las malas perspectivas de futuro lo cierra San Martín del Tesorillo, en Cádiz. A pesar de tener tan solo 2.753 habitantes, tiene pendiente reducir 32.197.208 millones.
Esta falta de capacidad para afrontar gastos sobrevenidos también golpea en gran medida a más de una docena de municipios que rondan los 20 millones de euros de rendimiento negativo. Entre ellos está el de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, con 28.397.573 millones pendientes. En la misma autonomía, Huelva se situaba en los 21.039.281 millones. Algete, en Madrid, tenía tesorería negativa por 19.266.951 millones de euros. Cifra similar a la de Los Barrios, en Cádiz, que en 2019 sufría por los 19.283.871 millones de balance negativo. El resto de los que conforman el listado elaborado por el PP con datos del Ministerio de Hacienda tienen un remanente negativo más reducido que los anteriores, que son los casos más extremos. Por ejemplo, Lleida supera los siete millones y Talavera de la Reina está por encima de los seis millones de euros. Mientras que el Ayuntamiento de Foios, en Valencia, y Gelves, en Sevilla, alcanzan los 4,8 y los 4,6 millones respectivamente.
Los cálculos realizados por la formación conservadora dejan un listado de hasta 310 municipios que presentan rendimientos negativos. La salvedad es que en algo más de 40 el problema afecta a instituciones que son dependientes del ayuntamiento, como las Gerencias de Urbanismo o los centros deportivos. Esto significa que el superávit global de esos consistorios puede ser positivo aun contando con departamentos que estén en negativo. Por lo que los que están en una situación de 'quiebra' real en el pasado 2019 se reducen a algo más de 250, como ha podido comprobar este medio. Un ejemplo es el del Ayuntamiento de Sevilla, que a pesar de que su Gerencia de Urbanismo presentaba un remanente negativo de 27.084.697 millones, logró cerrar el año con su tesorería en positivo. Un dinero que fue reinvertido, como explican fuentes del consistorio hispalense.
Un empeoramiento por la pandemia
La denuncia que realiza Génova, 13 es que estas cifras ahora serán mucho peores que hace un año por los gastos de la Covid. A ese aumento de los costes por las necesidades de adaptación en el contexto de crisis sanitaria hay que añadir una merma considerable en los ingresos. Lo que se notó especialmente en los meses de confinamiento y de desescalada, cuando la ciudadanía o estaba en su casa recluida o apenas salía hasta que llegó el verano. Entre esos desfases están la caída de recaudación del transporte público, la subida de gasto para la limpieza en ámbitos públicos o la adquisición de materiales de protección y desinfección. Fuentes de los 'populares' explican que el empeoramiento de la tesorería se produce por motivos como la caída de la financiación de las entidades locales. Su capacidad para hacerlo cayó en 2020 un 23%, cuando en 2019 rondó el 0%.
Por estos motivos, reclaman que el Gobierno central destine el 14,56% de los fondos europeos a los consistorios. En cifras, eso se traduce en que reciban hasta 20.000 millones. Un incremento considerable con lo planteado hasta ahora por Moncloa, que según el PP solo llega al 1,2% de las ayudas comunitarias. Una demanda que ya pusieron sobre la mesa varios responsables locales que formaron la 'segunda rebelión de alcaldes', integrada por partidos tan diversos como el propio PP, Compromís, PNV o ERC. Aunque en este caso, exigieron que el montante fuera de al menos 4.000 millones. Cantidad inferior en 1.000 millones a la que el Ministerio de Hacienda pretendía destinar en su plan de que las corporaciones cedieran su superávit de manera voluntaria. Un decreto que fue tumbado por el Congreso entre acusaciones a Pedro Sánchez de querer "robar los ahorros" a los municipios.
Hacienda defiende que la mayoría está bien
Fuentes del Ministerio de Hacienda señalan que la situación de las entidades locales no es tan grave. Según destacan, la mayoría de los 8.131 ayuntamientos de España tiene "unas cuentas saneadas". "El subsector ha cerrado 2020 con un superávit del 0,26%, similar al registrado en 2019 (0,30%). A este dato ha contribuido la decisión del Gobierno de suspender las reglas fiscales, lo que ha permitido el uso de los remanentes de tesorería de los municipios", insisten desde el departamento de María Jesús Montero. Sobre los que están en problemas, apuntan que "son un número muy reducido respecto del total". "No hay una cifra cerrada, pero la estimación es inferior a la que se ha afirmado desde algunos ámbitos", añaden las mismas fuentes.
Hacienda también recuerda que existen medidas para aliviar a quienes están en riesgo. Entre las que citan los 250 millones disponibles del Fondo de Ordenación o la posibilidad de que soliciten préstamos para cancelar su deuda al amparo de la Disposición Adicional 107 de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Junto a esto, destacan que que la transferencia de recursos del Estado a los administraciones más cercanas al ciudadano se incrementará un 3% con respecto a 2020. A lo que se sumará un fondo de ayudas para compensar las pérdidas derivadas de la falta de uso del transporte público el pasado ejercicio a causa de las restricciones del coronavirus. Dichas subvenciones se calcularán en función de los datos que ofrezcan las empresas municipales de transportes.
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