Al Gobierno de Pedro Sánchez el presupuesto más elevado de la historia de España se le queda corto para hacer frente a los efectos de la pandemia sobre la sociedad y tejido económico doméstico. Tras encajar a duras penas unas cuentas públicas con un nivel de gasto del Estado sin precedentes en la historia reciente de España - pese al referente cercano de los presupuestos expansivos de los gobiernos Zapatero en los primeros años de la gran crisis financiera -, sólo han hecho falta un par de meses para que el Ejecutivo tenga que abordar su primera ampliación presupuestaria para dar soporte a los 11.000 millones de euros que sufragarán los fondos de apoyo con ayudas directas al tejido empresarial español.
Técnicamente, la operación se sustanciará a través de un crédito extraordinario, según confirman fuentes gubernamentales, ya que se trata del vehículo adecuado para ensanchar las costuras de los Presupuestos cuando se trata de financiar un gasto para el cual no había crédito presupuestario asignado. Por sorprendente que pueda parecer, ya que el debate sobre la necesidad de un plan de ayudas directas a las empresas para apuntalar su solvencia lleva en la opinión pública al menos desde el pasado otoño, entre los 196.097 millones de euros en gastos previstos en los Presupuestos de 2021 no había ni un solo euro previsto para reestructuraciones de deudas empresariales ni para compensaciones por los gastos que cientos de miles de empresas se vieron obligadas a asumir durante el cierre obligatorio de sus instalaciones.
El argumento que se esgrime desde el área económica del Gobierno es que por aquel entonces el Marco Temporal de la Comisión Europea, que regula qué se puede y qué no se puede hacer para ayudar al tejido empresarial en el ámbito de la Unión Europea, no recogía la posibilidad de prestar ese tipo de asistencia financiera a las empresas...pero eso no impidió por el contrario que el Gobierno pintara cerca de 27.000 millones de euros en inversiones con la esperanza de que los 27 llegaran a un acuerdo para la distribución del Fondo europeo de Recuperación y Resiliencia. Un acuerdo que cuando se diseñaron los Presupuestos tampoco existía.
El caso es que la falta de un crédito presupuestario dispuesto al efecto va a obligar al Gobierno a crearlo de nuevas para encajar en sus cuentas ese nuevo programa de ayudas de 11.000 millones de euros al tejido empresarial y uno de los efectos inducidos de la maniobra va a ser que por primera vez en la historia el gasto no financiero previsto en unos Presupuestos Generales del Estado va a situarse por encima de los 200.000 millones de euros. Para hacerse una idea de lo que esto significa basta recordar que los últimos Presupuestos Generales que estuvieron operativos antes que éstos, lo del año 2018, se construyeron sobre un límite máximo de gasto no financiero de 119.834 millones de euros, un 70% menos. Otra referencia. Los Presupuestos Generales del Estado para 2009, los primeros que tuvieron que enfrentarse al embate de la durísima crisis financiera de hace una década y en los que se enmarcó el célebre Plan E del Gobierno Zapatero - que distribuyó 8.000 millones entre los ayuntamientos de España -, se cerraron con un gasto no financiero total de 192.736 millones de euros, 10.000 millones menos.
Más allá de la curiosidad estadística, la operación añade de un plumazo un punto extra a la previsión oficial de déficit del 7,7% del PIB del escenario base del Gobierno, que por otra parte ya había sido cuestionada por institutos de análisis y organismos internacionales. El asunto es inquietante porque estamos solo a marzo y sobre las previsiones gubernamentales planean sospechas de todo tipo, no sólo por el generoso retorno fiscal que se calculó para la aplicación de unas ayudas europeas que a día de hoy ya sólo se esperan para el último tercio del año, sino también por los agujeros que organizaciones como CEOE han detectado en las previsiones presupuestarias de la Seguridad Social y que a buen seguro generarán un coste extra para las arcas del Estado. Y todo ello en medio de una importante incertidumbre respecto a la evolución de la pandemia y su impacto sobre la economía.
Desde el Gobierno no se descarta que haya que adoptar nuevas medidas en el futuro o que haya que reforzar las ya dispuestas, lo cual tendría evidentemente un coste presupuestario. Esa inercia favorable a los incrementos del gasto es la que ha venido alimentando la cautela de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la negociación interna del plan de ayudas directas y la que ha soliviantado a una parte del Ejecutivo - en la que militan los ministros de Unidos Podemos, pero que también tiene eco en Moncloa - que interpretan por el contrario que es momento de aprovechar la manga ancha de Bruselas para hacer todos los esfuerzos en materia de gasto público que sean necesarios antes de que esa ventana de oportunidad se cierre.
Fuentes cercanas al área económica del Gobierno recuerdan al respecto que antes de la pandemia aún España estaba purgando los esfuerzos de gasto público realizados durante la Gran Crisis y que las Administraciones Públicas domésticas no se han caracterizado precisamente por su facilidad para recortar sus desequilibrios presupuestarios. También recuerdan que los informes de la Comisión Europea y de no pocos institutos de análisis internacionales han subrayado su preocupación con la previsible evolución de la deuda pública en España y que éste es un lastre que se puede convertir en una pesada losa cuando el Banco Central Europeo empiece a drenar la liquidez inyectada durante los últimos años en el mercado.
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