Isabel Díaz Ayuso ha querido entrar en el debate económico sobre el Salario Mínimo Interprofesional y la reforma del sistema de pensiones, y ha asegurado este miércoles que sus subidas "cuando no son pactadas con agentes sociales", resultan "especialmente nocivas" para los mayores de 50 años, los dueños de pymes y los más trabajadores más vulnerables, en declaraciones realizadas en la clausura del tercer encuentro anual Generación Savia, organizado por la Fundación Endesa y la Fundación máshumano.
La presidenta también ha advertido sobre la situación económica de España tras la pandemia, la cual posee "la mayor tasa de paro de toda Europa" y la mayor "destrucción económica" a partir de la aparición del virus. Además, entiende que no se está "poniendo el acento" en las medidas que podrían "invertir esta tendencia", sino que en la actualidad se están discutiendo "políticamente otras cuestiones".
En relación al mercado laboral, Ayuso ha enfatizado que cada vez más se "ataca la experiencia" y se "desprecia el empleo" por parte de todos aquellos que "no lo crean", y que a la vez no se valora a las personas mayores que a nivel profesional "quieren que se cuente con ellas y no que se ocupen de ellas".
Crítica a los elevados impuestos
La presidenta regional también ha vertido críticas sobre la cuantía de los tributos aplicados a la actividad profesional, resaltando la existencia de "impuestos al trabajo muy elevados" que generan grandes trabas a la contratación, y ha añadido que los "cierres masivos e indiscriminados, sea cual sea el motivo" son el camino a la "expulsión" del mercado laboral de los que llevan "toda la vida trabajando por sus negocios, el "talento sénior". En este sentido, Ayuso ha comentado que "cerrar un negocio es muy fácil, pero es muy difícil volver a abrirlo".
Ayuso ha querido remarcar la importancia de que la política sea respetuosa con las administraciones, porque "el sector público no puede arremeter contra el privado sin pretexto". En este mismo sentido, ha destacado que en la Comunidad de Madrid hay "casi 1 millón de personas" de más de 50 años que quieren "continuar aportando", pero que el paro en este grupo de edad ha "crecido en toda España", pero ha puntualizado que la tasa de desempleo en la región se sitúa en un 13,3%, "medio punto por debajo de la media de España".
La dirigente popular considera que hay que animar a emprender y acompañar desde las administraciones en ese camino, pero "no tutelarlos". Al respecto, ha destacado algunos de los aspectos en políticas de empleo que recogen los Presupuestos regionales para 2022, que aún están negociando para su aprobación, como el incentivo a la contratación del "talento sénior altamente cualificado" o las ayudas para el mantenimiento de estos puestos de trabajo, y ha concluido la postura de su CCAA, que "ofrece igualdad de oportunidades y es un gran lugar para el talento sénior", y añade que desde su formación "no nos apoyamos en determinadas causas para pedir más presupuesto para políticas que no benefician a nadie o solo a unos pocos".
Fiscalía del TS rechaza investigarla por su piso
Hoy se ha conocido que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha mostrado su oposición ante la querella impulsada por la Asociación Libre de Abogados (ALA) contra Ayuso por un presunto delito de alzamiento de bienes al recibir en 2011 mediante donación un piso de sus padres. Así, el fiscal del TC Javier Zaragoza presentó ante la Sala Segunda del órgano judicial un informe por el que solicitaba la inadmisión de este recurso en el que se acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
De esta forma, el texto elaborado por Zaragoza ha pedido que se acuerde la inadmisión y "el archivo de las actuaciones" ante la "manifiesta ausencia de elementos indiciarios que acrediten que los hechos que se le imputan a la aforada puedan ser constitutivos de delito, declarándose igualmente incompetente para la investigación relativa a los restantes querellados".
La Asociación Libre de Abogados acusa a Díaz Ayuso de presuntamente aceptar la donación efectuada por sus padres de la que era su vivienda familiar para evitar que el inmueble pudiera ser objeto de reclamación por su condición de deudores de la entidad Avalmadrid, empresa pública que había concedido en febrero de 2011 un crédito aval por importe de 400.000 euros de Infortécnica SL, del que eran socios sus papás. La querella interpuesta a la que tuvo acceso Europa Press, va dirigida contra nueve personas, entre ellas la presidenta regional, su hermano y su madre por un delito de alzamiento de bienes del artículo 257 del Código Penal, un delito que acarrea penas de hasta seis años de prisión y multa de 12 a 24 meses.
Desde ALA se sostiene que Díaz Ayuso "actuó de manera activa" para la obtención de información "privilegiada y confidencial" respecto a terceros, adelantándose de esta forma a las transmisiones del resto de socios, que perfeccionan el presunto delito de alzamiento de bienes. El Ministerio Público considera que "resulta obvio" que en el presente caso no concurre indicio fundado alguno que soporte la presunta participación de Díaz Ayuso en el hecho delictivo objeto de la querella.
Además, la fiscalía también ha asegurado que la dirigente "ni tuvo relación o participación alguna en la actividad de la sociedad Infortécnica SL, ni se benefició en modo alguno del crédito-aval concedido por Avalmadrid, ni puede ser considerada deudora en relación con el impago de ese crédito", hecho que excluye la posibilidad de ser considerada autora material del delito.
El Supremo estudiará si lo envía a juez ordinario
En este sentido, el fiscal Zaragoza ha explicado que para fijar con carácter indiciario la presunta participación intencional de la ahora presidenta madrileña en el hecho delictivo que se relata, aunque sea simplemente a título de cooperadora necesaria en los hechos, "sería necesario, en primer término, que por los órganos naturales de la jurisdicción ordinaria se depurara y se investigara la realidad del hecho punible y las responsabilidades de los autores del mismo".
Así, ha señalado que, "únicamente" en el caso de que en el curso de esa previa investigación judicial se aportaran a la causa penal "elementos indiciarios inequívocamente incriminatorios" de la "intervención dolosa e intencional" de Díaz Ayuso en el delito de frustración de la ejecución mencionado, "podría plantearse -vía exposición razonada del juez de instrucción ordinario- la exigencia de responsabilidades ante el órgano judicial competente por razón del aforamiento". El fiscal concluye añadiendo que "en síntesis, la querella debe ser rechazada respecto a la Presidenta de la Comunidad de Madrid al no concurrir indicios de que haya participado presuntamente en la comisión de hecho delictivo alguno, careciendo de competencia este tribunal respecto a los restantes querellados".
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