Madrid, 27 feb.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera que el alto número de quejas, reclamaciones y sentencias judiciales que ha generado la venta de participaciones preferentes "evidencian que el control preventivo ejercido por la CNMV no ha resultado eficaz".
Por ello, la institución que dirige Soledad Becerril aconseja que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) disponga de mayores competencias para proteger a los inversores.
La Defensora del Pueblo ha presentado hoy un informe en el que se detallan las actuaciones llevadas a cabo en 2012, en el que se explica que durante el año pasado, en las relativas al mercado de valores se ciñeron exclusivamente a la comercialización de preferentes y deuda subordinada.
Una comercialización que, según critica, se llevó a cabo sin la debida información a los pequeños ahorradores, una cuestión denunciada masivamente por los ciudadanos.
El Defensor del Pueblo ha recordado que con motivo de estas denuncias inició una investigación de oficio ante la CNVM y la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
Tras dicha investigación se formularon dos recomendaciones iniciales para reforzar la protección de los clientes y para crear un mecanismo de reclamación extrajudicial efectivo y en sede administrativa.
Ahora en su nuevo informe, el Defensor del Pueblo indica que sí existen instrumentos en el ordenamiento jurídico para adoptar medidas sobre la compensación de los perjuicios ocasionados a los inversores.
Además, explica que no se encuentran objeciones para que desde la CNMV se promuevan acuerdos que ayuden a paliar el daño ocasionado, máxime teniendo en cuenta que valoran esa compensación en la aplicación de la política disciplinaria y en el cálculo de la cuantía de las sanciones.
En su informe, el Defensor del Pueblo insiste en que "es un hecho innegable que el sistema de control y supervisión sobre esta actividad antijurídica no ha funcionado como debiera, máxime en un momento en que las entidades se encuentran sin la capacidad de respuesta que los inversores confiaban que tenían".
Por ello, reitera a la CNMV la recomendación sobre la necesidad de promover acuerdos entre los inversores y las entidades de crédito para limitar los daños sufridos.
De la misma manera, añade, se ha recomendado a la Secretaría de Estado y Apoyo a la Empresa el otorgamiento de mayores competencias a la CNMV para proteger a los inversores o subsidiariamente la creación de algún mecanismo de reclamación extrajudicial efectivo, en sede administrativa, cuya finalidad sea la resolución de conflictos para evitar la vía judicial.
En este sentido, recuerda que el Gobierno anunció en el Congreso el 18 de diciembre de 2012, el establecimiento de un arbitraje para los afectados por las preferentes de Bankia, que dio lugar a una investigación de oficio para obtener información sobre ello.
Por último, el Defensor del Pueblo insiste en que "según su experiencia" además de la información que se ha de facilitar a los clientes, habría que establecer alguna advertencia del nivel de riesgo.
Un sistema efectivo podría ser, ha vuelto a recomendar, un código de colores como los que utilizan los semáforos, en el que el verde indicara un riesgo bajo, el amarillo un riesgo medio y el rojo un riesgo alto.
Esta propuesta ya se dirigió a la CNMV, que la consideró improbable por ser demasiado simple, y al Banco de España, que aceptó la recomendación e informó de que está en disposición de estudiar la concreción de un sistema como el propuesto, concluye.
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