La Comisión Europea está realizando inspecciones sin previo aviso en las instalaciones de empresas activas en la industria del césped sintético para uso deportivo en varios Estados miembro. A la Comisión le preocupa que las empresas inspeccionadas puedan haber infringido las normas antimonopolio de la UE que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas.
Las inspecciones sorpresa son un paso preliminar de investigación sobre presuntas prácticas anticompetitivas, aunque el hecho de que la Comisión lleve a cabo dichas inspecciones y envíe solicitudes formales de información no significa que la empresa sea culpable de un comportamiento anticompetitivo, ni prejuzga el resultado de la investigación en sí.
La duración de estas investigaciones en forma de inspecciones a empresas dependen de varios factores. Entre estos, se puede incluir la complejidad de cada caso, la medida en que las empresas interesadas cooperan con la Comisión o también el alcance del ejercicio de los derechos de defensa.
Bajo el programa de clemencia, las empresas que han estado involucradas en un cártel secreto pueden obtener exención de multas o reducciones significativas en las multas a cambio de denunciar la conducta y cooperar con Bruselas a lo largo de su investigación.
Los particulares y las empresas pueden denunciar cárteles u otros comportamientos anticompetitivos de forma anónima a través de la herramienta de denuncia de irregularidades que facilita el Ejecutivo comunitario.
Multas por incumplir déficit y deuda
La Comisión Europea exigirá a los países más endeudados reducciones constantes de sus ratios de déficit y deuda públicos y prevé multas cada seis meses, que serán acumulables para aquellos que incumplan la senda de ajuste pactada con Bruselas. La propuesta de reforma de las reglas fiscales, presentada este miércoles por el Ejecutivo comunitario, prevé dar más flexibilidad a los Estados miembros para diseñar el ritmo de recorte de su pasivo público.
En casos de incumplimiento de la senda fiscal pactada, la Comisión abriría un expediente por déficit excesivo que le permitiría, en última instancia, imponer multas equivalentes al 0,05% del PIB del Estado miembro cada seis meses. Esta sanción iría creciendo cada semestre hasta un máximo del 0,5% del PIB salvo que el resto de socios comunitarios certifiquen que el país incumplidor “ha adoptado acciones efectivas” para reducir su déficit y su deuda.
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