Impuestos bajos y menos trabas burocráticas. Las recetas de cabecera de la política económica española para cualquier iniciativa que pretenda mejorar la situación de un colectivo o sector concreto serán también las palancas que el Gobierno utilice en su aspiración por conseguir que "España se consolide como un 'hub' empresarial y digital de referencia en Europa", según las palabras pronunciadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño. La medida estrella de este paquete legislativo que se incluye en el anteproyecto de ley de 'startups' tampoco es particularmente innovadora, ya que supone una suerte de revisión de lo que en su día se conoció como 'Ley Beckham' para configurar un espacio acotado de impuestos bajos, en este caso con un tipo de Impuesto sobre la Renta del 15%, para aquellos emprendedores que se decidan por España a la hora de localizar su proyecto empresarial.
El Gobierno pretende rebajar por tanto del 24% al 15% el tipo del impuesto sobre la renta que se cobrará a los no residentes que decidan emprender en España durante los primeros cuatro años de su aventura empresarial para configurar un espacio fiscal con capacidad para competir con otros destinos que nos han adelantado en esa competencia por atraer el talento digital al sur de Europa: Italia o Portugal. La medida, ha matizado la vicepresidenta, no sólo busca localizar en España proyecto de emprendimiento digital sino también a los llamados 'nómadas digitales', trabajadores que no necesitan un espacio físico concreto para desarrollar su trabajo y que pueden instalar su oficina allí donde consideren oportuno...o dónde reciban un trato más favorable, como se ha encargado de poner de manifiesto Portugal.
Del mismo modo, y según ha anunciado este martes Nadia Calviño, también se aligerarán los requisitos para que la Agencia Tributaria considere a esos emprendedores como no residentes, un 'privilegio' que a día de hoy se reserva a las personas con un contrato de trabajo en España y a los administradores de sociedades siempre que posean una participación de menos del 25% en el capital de la empresa en cuestión. La vicepresidenta no ha precisado de qué forma se relajan esos requisitos, pero las entidades con las que el Gobierno ha venido negociando el texto en los últimos meses planteaban elevar el requisito de la participación accionarial y también limitar el alcance del IRNR a las rentas generadas en España, ya que ahora se aplica a la renta mundial del contribuyente.
Llama la atención que ese trato favorable se reserve para los no residentes y no se amplíe a los emprendedores nacionales, al menos sobre el papel. Quizá para esos casos, el Gobierno prevé también rebajar el tipo del Impuesto de Sociedades para las 'startups' del tipo general del 25% al 15%, lo cual puede resultar contraproducente en un perfil de compañía que tiende a acumular pérdidas en sus años iniciales de andadura y que bajo ese régimen supuestamente favorable acumulará menores créditos fiscales para abaratar su factura fiscal cuando la empresa empiece a dar beneficios.
El asunto de las retribuciones de los emprendedores digitales
El Gobierno ha decidido mejorar el trato fiscal de los esquemas retributivos más habituales en las 'startups'. Las carencias de caja que caracterizan a los proyectos de nueva creación hacen que sea habitual que los inversores y los trabajadores de estos proyectos sean retribuidos con 'opciones sobre acciones', las célebres 'stock options', que les garantizan una participación en los beneficios futuros que obtenga la empresa. Este asunto ha sido puesto de manifiesto por prácticamente todos los actores del sector que se han sentado con el Ministerio de Economía en los últimos meses. El anteproyecto presentado este martes por la Vicepresidencia de Asuntos Económicos amplía la exención fiscal sobre los potenciales rendimientos de este esquema retributivo - que tiene la peculiaridad de generar obligaciones fiscales antes incluso de haber obtenido un rendimiento real - desde los primeros 12.000 euros hasta los primeros 45.000 euros.
También habrá ventajas fiscales para los inversores que apoyen estos proyectos, como los 'business angels', que podrán deducirse hasta 100.000 euros de sus aportaciones al capital de las 'startups' con un tipo que subirá del 30% actual hasta el 40%, si finalmente se aplican las condiciones establecidas en el anteproyecto de ley visto por el Consejo de Ministros.
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